La Guardia Civil de Cantabria ha procedido esta semana al achatarramiento por el procedimiento de fundición, de 1.712 armas de distintas categorías, en aplicación del Plan de Control de Armas de fuego (PICAF).
Con este plan de control se pretende prevenir el tráfico ilegal de armas de fuego, la no recuperación de las inutilizadas, no transformación de la consideradas detonadoras y de aire o gas comprimido en armas de fuego de pequeño calibre, e incluso, la fabricación artesanal de ingenios capaces de disparar munición real.
En los últimos tres años y tan solo en Cantabria se han destruido 6.001 armas, de conformidad con el citado Plan de Control PICAF. De estas, 2.064 eran armas largas (escopetas y refles) y 864 armas cortas (pistolas y revólveres).
Más de tres toneladas de armas
Esta semana se han destruido más de 1.700 armas, o lo que es lo mismo, más de tres toneladas en armas de diferentes clases. De lo destruido 274 (un 16 % sobre el total) eran pistolas y revólveres. Fueron fundidas 618 unidades (36 %) de armas largas, destacando por su cantidad las más de 500 escopetas destruidas.
Dentro del 48 % restante destacan las casi 600 armas blancas intervenidas principalmente en acciones de seguridad ciudadana. También han sido destruidas armas detonadoras, prohibidas, de aire o gas comprimido, simuladas, arcos, ballestas, etc.
Armas inutilizadas o detonaras
Casi 130 de las armas destruidas en esta ocasión eran inutilizadas o detonadoras (tipo pistola y revólveres), que sus titulares no se han acogido y adoptado a la actual normativa europea.
Con esta norma se están inspeccionando las existentes para garantizar que no hayan sido transformadas para utilizar munición real, y las ya inutilizadas, atestiguar su irreversibilidad.
También se verifica la existencia de un marcado único común y poseer el certificado de inutilización. Igualmente se están realizando controles periódicos para impedir que las mismas tengan un destino final ilícito y puedan ocasionar una situación de riesgos para las personas.
El incumplimiento de esta norma por el almacenamiento, circulación, comercio, transportes como en utilización, puede ser constitutivo de una infracción muy grave a la ley de protección de la seguridad ciudadana, con sanciones que pueden oscilar entre los 30.001 y los 600.000 euros. Dependiendo de las circunstancias incluso podría considerarse un delito de tenencia ilícita de armas.
Algunos poseedores están optando por no adaptarlas a los nuevos requisitos, ya que en algunos casos el coste es elevado, por lo que hacen entrega de las armas en las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, pasando las mismas a destrucción sin coste alguno.
