Califican el Plan de "un retroceso inaceptable" y exigen su retirada inmediata
Señalan que el Plan del Gobierno de Cantabria "es una receta para el colapso del lobo"
La Federación DEAN (Defensa Animal Cantabria) ha registrado sus alegaciones al Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de Gestión del Lobo en Cantabria, denunciando que este supone "un alarmante retroceso" en la conservación de la especie y que "institucionaliza su persecución bajo un disfraz de gestión técnica", además de "vulnerar" la normativa europea y estatal en materia de conservación.
Un cupo letal y sin base científica
El texto sometido a información pública habilita cupos de extracción letal de hasta un 20% de la población regional de lobos, pese a que el último censo estatal elaborado por el MITECO este mismo año determina que el estado de conservación de la especie es "desfavorable".
La organización recuerda que el Gobierno de Cantabria ha fijado un cupo de extracción letal de 41 lobos para este año, de los cuales ya se han matado 21, una cifra que consideran "biológicamente insostenible" y contraria a las obligaciones legales de conservación.
"Un cupo del 20% sobre una población inflada artificialmente es, en realidad, un golpe mortal a la especie en la región. Estamos hablando de un plan que puede eliminar casi la mitad de los lobos reales que quedan en Cantabria", denuncia Victoria Cedrún, presidenta y portavoz de la Federación DEAN.
Un plan que incumple la ley y la ciencia
En sus alegaciones, DEAN subraya que su estado de conservación en España como desfavorable, obliga legalmente a priorizar medidas no letales. Sin embargo, el proyecto autonómico "se apoya en datos manipulados, ignora la ciencia y abre la puerta a un control ilimitado de ejemplares".
La Federación alerta de que el plan: se basa en cifras de población "sin rigor metodológico" y con estimaciones infladas para justificar cupos altos (el Gobierno de Cantabria estima entre 184 y 207 lobos cuando estudios científicos sitúan la cifra real en torno a 100 ejemplares), no acredita la inexistencia de alternativas no letales, como exige la Directiva Hábitats y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, plantea un sistema de zonificación arbitrario que convierte amplias áreas en "sumideros de población legalizados" para lobos dispersantes y prioriza la muerte de ejemplares sobre la prevención de daños y la lucha contra la mortalidad ilegal.
Además, no se ha realizado la obligatoria Evaluación Ambiental Estratégica ni estudios de repercusión sobre la Red Natura 2000, presenta una Mesa del Lobo desequilibrada que carece de independencia científica y excluye a entidades de bienestar animal convirtiéndola en "un órgano a medida de intereses ganaderos, no de la conservación"; establece áreas de "presencia permanente" sin definición científica ni justificación técnica y subordina la conservación del lobo a la ganadería extensiva, minimizando su rol ecológico como regulador de ecosistemas y saneador de poblaciones de ungulados.
"La ciencia ha demostrado que matar lobos no resuelve los conflictos con la ganadería y, en muchos casos, los agrava. Este plan ignora la evidencia y apuesta por la política de la escopeta", afirma Cedrún.
El mito del lobo como amenaza a la ganadería
La Federación subraya que el supuesto impacto del lobo sobre el sector ganadero es "profundamente exagerado". Según datos oficiales de la propia administración, los daños del lobo afectan de media a un 0,5% del censo ganadero, frente a un 5% de mortalidad por otras causas como enfermedades o accidentes.
"Es rotundamente falso que el lobo ponga en jaque la ganadería. Esta narrativa alarmista solo busca legitimar su caza. La verdadera solución está en medidas preventivas eficaces, como mastines, vallados y vigilancia, que el Plan relega a un papel secundario y voluntario", añade la portavoz.
Una regresión ambiental inadmisible
DEAN recuerda que entre 2021 y 2025 el lobo estuvo protegido en todo el territorio nacional bajo el LESPRE. La reversión de ese estatus y el nuevo Decreto suponen, según la federación, una vulneración del principio de no regresión ambiental recogido en el derecho europeo.
"Cantabria no puede volver al siglo XIX en materia de gestión del lobo. La ciencia ha demostrado que matar ejemplares no reduce los daños, sino que los agrava. Necesitamos un plan de coexistencia, no un manual de exterminio", sentencia la organización.
Las peticiones clave de DEAN
DEAN propone "la supresión del cupo anual de extracción letal" hasta contar con estudios científicos independientes que garanticen que no comprometerá la viabilidad de la población y la "obligatoriedad de medidas preventivas" (mastines, cercados nocturnos, vigilancia) como condición para recibir indemnizaciones o ayudas públicas.
Sugieren también la "revisión del plan cada 5 años y no cada 10", adaptándolo a la evolución real de la población y la ciencia y "la inclusión de un Comité Científico Independiente" para el seguimiento y publicación de datos brutos de censos y daños.
Manifiestan, de igual forma, la necesidad de "un plan específico contra la mortalidad ilegal y el uso de venenos" con dotación presupuestaria real y de "sustituir la zonificación actual por un modelo basado en territorios de manadas y criterios ecológicos", no en límites municipales.
Una apuesta por la coexistencia
La Federación DEAN insiste en que la coexistencia entre ganadería extensiva y lobo es posible si se fomentan las medidas preventivas de manejo del ganado, se apoya económicamente a los ganaderos responsables que las aplican y se combate de forma eficaz la mortalidad y el uso ilegal de venenos.
"El lobo es un superdepredador clave para el equilibrio de los ecosistemas. Su gestión debe basarse en la coexistencia, la transparencia y la ciencia, no en cupos arbitrarios dictados por la presión de un sector. Necesitamos un plan de coexistencia, no un manual de exterminio", concluye Cedrún.
