En Cantabria tenemos tres consejeros con tanto interés en el negocio eólico, que los tres consiguieron hacer hueco y tiempo en sus agendas para asistir a la asamblea anual de una asociación: la Asociación Eólica de Cantabria.
Tan inusual es esta conjunción que hasta el presidente de la asociación homóloga en Galicia dijo: «Yo nunca he conseguido que se reúnan conmigo tres conselleiros a la vez». No se puede ser más elocuente. Esto sucedió el 25 de noviembre de 2022.
Unos dos meses antes, uno de estos consejeros, Javier López Marcano, también asistió a la presentación de la campaña "Vientos de futuro", un tinglado para promocionar la energía eólica y explicarnos todo lo que nos estamos perdiendo: electricidad barata, oportunidad para el medio rural, lucha contra la despoblación y generación de empleo. Nada más y nada menos. Podrían venderla como remedio para la alopecia y seguro que resultaban más convincentes. No cuentan, claro, que el precio de la electricidad nada tiene que ver con que te pongan unos mamotretos de 150 metros encima de tu pueblo.
Tampoco hablan del tipo de empleo ni sus condiciones. Normal, con ofertas como ésta para el Ayuntamiento de Luena (12/09/22) de los promotores del PE del Escudo, mejor no dar muchos detalles: "Cuidador de personas mayores dependientes, contrato laboral temporal de 3 meses, prorrogable sólo por otros tres, 20 horas semanales, 500 euros brutos mensuales". Viento no sé, pero futuro, ninguno.
En esta presentación también estaban el presidente de la Asociación Eólica de Cantabria, Agustín Valcarce, siempre lamentándose de los problemas con la tramitación de proyectos, la lentitud burocrática y las exigencias medioambientales, y otro tipo, un tal Rubén Diego, que en febrero tituló "Ecolojetas" su artículo de opinión en el Diario Montañés para insultar a las personas comprometidas con la defensa de los ecosistemas de montaña y la biodiversidad que albergan; y se quedó más ancho que largo: «Me parece una vergüenza que los pretendidos defensores del medio ambiente se dediquen a boicotear absolutamente todos los proyectos de energía eólica que salen a la luz». Gente como ésta ni siquiera se da cuenta de la diferencia entre defender lo que es de todos y todas y defender tus propios intereses económicos en el PE del Escudo.
Volvamos a nuestros consejeros, porque esos sí que están, en teoría, para defender lo común. Guillermo Blanco, en concreto, el medio ambiente, el mundo rural, y la biodiversidad. Para eso lo lleva en el nombre de su Consejería y en una Dirección General. Pero Blanco, en la reunión de la Asociación Eólica de Cantabria del 25 de noviembre, eligió tranquilizar a los promotores eólicos, y se refirió a los eólicos como «proyectos que van a pasar a pesar de los obstáculos que ponen las administraciones locales». ¿Tendrá una bola de cristal? ¿Se va a pasar por el arco de la consejería la voluntad de concejos y ayuntamientos? ¿Decide él personalmente qué proyectos siguen adelante?
También ha encontrado oportunidad para trasladar la responsabilidad del atasco en la tramitación de los proyectos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que ha puesto el 25 de enero como fecha límite para recibir las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los proyectos de energías renovables; medida que pretende pinchar la burbuja de las renovables, con cientos de proyectos que se acumulan en todo el estado. Según el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, su administración «ha tenido que hacer frente a un embudo de solicitudes de tramitación propiciado por una decisión del Estado de asignar un marco temporal a la resolución de proyectos» (Alerta, 24/11/22). Claro; que los ciudadanos tengamos un plazo para todo (pagar nuestros impuestos, para solicitar una ayuda, para hacer una reclamación...) está bien, pero plazos a su administración para resolver expedientes en tramitación, mal.
Otro dolor de cabeza para nuestros consejeros y para los promotores eólicos son los exigentes informes de impacto ambiental. Pues ya pueden respirar aliviados, que la guerra de Ucrania les ha traído la excusa perfecta para aligerar ese tedioso procedimiento de evaluar cómo estas macro instalaciones energéticas impactan en el suelo, las aguas, el paisaje, la biodiversidad, etc. El Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, supone entre otras cosas, un allanamiento del camino a los proyectos de energías renovables. Las empresas del lobby energético estarán dando palmas con las orejas.
Y falta el tercer consejero, Jose Luis Gochicoa, que en abril del año pasado presentó un mapa de incompatibilidad con el desarrollo eólico, realizado con "un riguroso modelo de análisis integrado multicriterio con más de 30 criterios de exclusión, para garantizar que el desarrollo eólico no afecte a los valores ambientales y patrimoniales más significativos de la región..." que al final no contentó a nadie y que después de 8 meses aún no se ha aprobado definitivamente en el Consejo de Gobierno. Se ve que a ellos tampoco les convencía y que tras la rueda de prensa, se les fue la fuerza por la boca.
El 26 de diciembre en una entrevista a eldiario.es Gochicoa ha intentado explicar la intención del mapa: que si esto, que si lo otro, que si el ministerio.. palabras de trileros para decir, en definitiva, que el mapa rosa no tiene ninguna validez jurídica, porque «sin un Plan Regional de Ordenación del Territorio aprobado de forma definitiva, hubiera dado lugar a recursos». A pesar de ese pequeño detalle de la falta de seguridad jurídica, todo el mundo se rige por él (hasta el MITECO, que hace referencia al mapa en la DIA del PE Bustatur, emitida el pasado 26 de diciembre), así que todo bien. Circulen.
También dice Gochicoa que «es importante que en el Besaya o en Campoo, zonas industriales de Cantabria, exista energía renovable, porque significará una mayor garantía de éxito para las empresas que necesitan energía..». Un argumento débil (¿No hay industria en otros lugares? ¿No vé cómo languidece la industria campurriana?) para justificar que el impacto del desarrollo eólico se lo coman el centro y sur de Cantabria. Porque claro, el resto de la región, especialmente el arco de la bahía de Santander, ni tiene industria ni consume electricidad.
Y así hemos llegado hasta enero del 2023. En estas primeras semanas del año, si damos por ciertas las palabras de los tres consejeros que han asegurado reiteradamente que tramitarán a tiempo los proyectos eólicos, asistiremos a una cascada de DIAs, aunque no podemos saber cuántas. La transparencia en este tema es como los unicornios. No resulta fácil saber cuántos proyectos siguen en tramitación, cuántos se han desestimado, cuántos hay duplicados, cuántos caducados. Muchos de estos proyectos que están a la espera de la Declaración de Impacto Ambiental ni siquiera han contestado a las alegaciones presentadas por asociaciones, entidades y particulares.
Lo que sí se puede calcular mejor es el impacto de la acumulación de aerogeneradores, pistas, instalaciones auxiliares y redes de evacuación que planea sobre una parte muy concreta de Cantabria. Porque ese supuesto 3% de suelo apto para la instalación de eólicos, pero cuyo impacto medioambiental y visual es mucho mayor (he de reconocer que ahí anduvieron hábiles con el titular) se concentra en el centro y sur de Cantabria. Si calculamos los aerogeneradores necesarios para ese objetivo de 700 MW de potencia instalada, salen unos 230 molinos. Dice el presidente de la Asociación Eólica de Cantabria que "mira con envidia" a Galicia. Pues oye, ya sabe.
Otros miramos con preocupación y pena la amenaza que para nuestros montes suponen estos "parques eólicos", que no dejan de ser polígonos industriales en suelo rústico de gran valor natural. Tenemos una comarca con una enorme y destacada biodiversidad y un importante patrimonio histórico y etnográfico asociado a cordales, sestiles, castros y montañas. Y aquí estamos, esperando DIAs como quien espera una sentencia.
Mientras, nuestros consejeros por ahí andan, de evento en evento con la camarilla eólica. Pareciera que en las próximas elecciones autonómicas sólo fueran a votar los consejeros de Iberdrola, Viesgo y Green Capital Power. Y aunque sabemos que no es así, que no nos engañen. Al final esto no va de oportunidad para el medio rural, lucha contra la despoblación, generación de empleo, conservación de la biodiversidad, transición energética y demás. Esto va de lo de siempre: hacer dinero y hacerlo de manera que suponga la menor pérdida de votos posible. Ya lo reconoce el propio CEO de la Asociación Empresarial Eólica (AEE): "los parques eólicos tienden a localizarse en municipios con pocos habitantes".
La industria eólica es extractivista: apenas genera empleo local y no deja ningún beneficio más allá de migajas que sueltan para intentar ganarse la aceptación de las poblaciones que van a sufrir las molestias y la degradación de sus montes. Al contrario, explota el territorio, y los pingües beneficios, que los hay, se van allá donde las grandes eléctricas tengan sus consejos de administración y sus cuentas bancarias offshore.
Si tanto empleo crean, si tan buenos y necesarios son, si tan poco impacto generan, ¿cómo es que en la Comunidad de Madrid, donde tienen la sede fiscal la mayoría de las empresas promotoras y siendo una de las mayores de consumidoras de energía (consume la electricidad equivalente al 97% de toda la producción eólica de España) no hay ni un solo parque eólico instalado ni proyectado?
