Punto y final a la discriminación entre empadronados y no empadronados por usar las instalaciones deportivas de Reinosa

La política municipal del Ayuntamiento de Reinosa de discriminar entre empadronados y no empadronados con "bonificaciones" para sus vecinos frente a los ciudadanos del resto de municipios por el uso de instalaciones deportivas, ha recibido un duro revés por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Santander, que da la razón a un particular censado fuera de Reinosa y que presentó en febrero de 2018 una demanda por tener que pagar 43,20 euros por un bono de 10 usos en las piscinas cubierta, frente al coste que tenía el mismo servicio para los vecinos de Reinosa de 29,00 euros. Concretamente se trata de poco más de 14 euros lo que tiene que abonar el Consistorio al demandante, pero, obviamente, la cuestión no es la ínfima cifra económica sino el precedente que sienta esta sentencia.

Por este motivo, y acatando el fallo, el Ayuntamiento de Reinosa aprobó en el último pleno de agosto la modificación de la tasa reguladora por uso de instalaciones deportivas municipales y ya no diferencia entre empadronados y no empadronados. Es decir, todos pagarán la misma cantidad que corresponda a cada equipamiento, pero sin bonificación.

Los hechos se remontan a noviembre de 2017, cuando el particular reclamó por escrito al Ayuntamiento de Reinosa la devolución de la cantidad al considerarlo "una discriminación". El 4 de diciembre el Consistorio desestima su petición y le remite a un contencioso administrativo y dos meses después, el 1 de febrero de 2018, el ciudadano presenta una demanda ante en el Juzgado Contencioso Administrativo nº3 de Santander en la que solicita la devolución del importe, pagado en exceso, por la aplicación de la tasa de no empadronado al considerarla una discriminación contraria a derecho, y también que anule la ordenanza fiscal. El 16 de abril es cuando se publica la sentencia que da la razón a la parte demandante, el Ayuntamiento se allana y acepta el fallo por el que debe abonarle la cantidad de 14,20 euros sin imposición de costas.

Hace ya varios meses, el Defensor del Pueblo, sin carácter vinculante y atendiendo la queja de un vecino de la comarca, recomendó por escrito al Ayuntamiento de Reinosa que no aplicara esta política, ya que desde su punto de vista, entre otros aspectos, es contraria a la ley puesto que vulnera el principio de Igualdad que recoge la Constitución. Ahora, la Corporación municipal acata "como no puede ser de otra forma" -en palabras del alcalde José Miguel Barrio- esta sentencia, pero no niega su malestar por la situación.

Tanto el regidor de la capital campurriana como los portavoces del PP, Reyes Mantilla, y del PSOE, Sergio Balbontín, mostraron su desacuerdo con este pronunciamiento judicial. "La Ley dice que no se puede discriminar entre empadronados y no empadronados, y nos parece aceptable y justo. Si una persona viene de Cádiz unos días nos parece bien que los precios sean idénticos, pero la Ley es más justa cuando contempla excepciones, y -desde el punto de vista de José Miguel Barrio- una situación de excepcionalidad es el emplazamiento geográfico de Reinosa, con 9.000 empadronados, y rodeado por Campoo de Enmedio, con más de 3.000 vecinos, y que no hace el más mínimo esfuerzo en compartir la financiación de los servicios públicos".

"Insolidaridad"

Según Barrio, "históricamente se ha animado a que usen y disfruten de las instalaciones de Reinosa, financiadas con los impuestos de los reinosanos, pero ahora hay un partido político -REC- que machaconamente se empeña en representar a los habitantes de otros municipios, que increíblemente ha hecho de los no empadronados su bandera y los anima a que denuncien a nuestro Ayuntamiento con la intención de poder gozar de las bonificaciones de los empadronados en Reinosa que sí pagan aquí sus impuestos", lamentó el alcalde reinosano, e ironizó al afirmar que "dentro de unos meses pedirán el voto de los empadronados en Reinosa o cualquier día pedirán que puedan votar aquí el resto del ciudadanos sin necesidad de estar empadronados".

Para Barrio, "hay ejemplos sangrantes como son el mantenimiento del colegio público Alto Ebro, que supone un gasto de 180.000 euros al año sufragados con impuestos de los reinosanos, cuando un tercio de los alumnos pertenecen a Campoo de Enmedio; o las piscinas climatizadas, que acumulan un déficit de 300.000 euros que soportan los bolsillos de nuestros vecinos, y ocurre más de lo mismo con el campo de fútbol". Además, "vemos cómo este municipio está creciendo precisamente en las zonas más próximas de Reinosa", puntualizó.

Desde su punto de vista, "si hubiera una postura más solidaria por parte de este ayuntamiento (Campoo de Enmedio) y otros, podríamos bajar los impuestos de los reinosanos proporcionalmente y ofrecer más servicios a un menor precio".

Por otra parte, y preguntado por cómo encaja el fallo de la sentencia y los efectos que tendrá a partir de ahora la modificación de la tasa, Barrio apuntó que "no es tanto la cantidad económica que se dejará de percibir, que también, como la insolidaridad que representa; que Enmedio no se solidarice con Reinosa...lo podemos hasta entender, pero que un partido de Reinosa (REC) vaya en favor de los no empadronados, nos parece lamentable". No obstante, concluyó el alcalde de Reinosa, "no vamos a perjudicar a los reinosanos y no queremos mayores discusiones".

Una medida "ilegal" e "ineficaz"

Por su parte, la portavoz de Reinosa en Común, Victoria Callejo, aseguró que discriminar entre empadronados y no empadronados, "además de una medida ilegal, ha demostrado ser también ineficaz", y se remitió a los "más de 30.000 euros que se han dejado de recaudar cada año en las instalaciones deportivas de Reinosa desde que entrará en vigor hace ya 10 años".

Para Callejo, una opción  "que lleva proponiendo REC desde hace tres años, pero que nunca nos han aprobado, es modificar la tasa de consumo de agua en los hogares", y que según explicó la edil consistiría en "bajar los elevados mínimos, abusivos e injustos, que se pagan", a la vez que "se gravaría notablemente y por tramos el consumo excesivo de agua (derivado de aquellas viviendas donde el número de residentes es superior al número de empadronados), para así disuadirles económicamente y animarles a empadronarse en Reinosa y evitar ese fraude".

Asimismo, la portavoz de la agrupación independiente consideró que "es muy injusto que los servicios que da Reinosa a toda la comarca los financien solo los que paguen impuestos en Reinosa, pero -como bien dijo el Defensor del Pueblo- también pagan impuestos los que tienen locales en propiedad, negocios, viviendas, etc, aunque no vivan aquí", y se remitió a la fusión de ayuntamientos y a la modificación de ley "en búsqueda de un reparto más justo en el gasto", como las dos principales soluciones.

"Se nos acusa de no defender a los empadronados -en alusión al resto de partidos que no apoya su planteamiento-, pues que me expliquen qué otras medidas además de esta, ilegal y que no ha servido para nada, ha presentado el Equipo de gobierno", concluyó Victoria Callejo.

La medida de diferenciar entre empadronados y no empadronados se remonta a 2008, cuando el Ayuntamiento aprobó la modificación en el precio de las tasas para frenar la caída de censados en el padrón municipal. Una medida que han mantenido los diferentes equipos de gobierno que han pasado por el Ayuntamiento pero que, diez años después, no ha logrado los efectos deseados.