La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno cántabro ha aprobado las bases reguladoras para impulsar la digitalización y la administración electrónica en los 41 ayuntamientos en riesgo de despoblamiento de la comunidad autónoma.
El Boletín Oficial de Cantabria ha publicado este martes la orden reguladora de las ayudas que sufragarán los gastos en servicios de administración electrónica. En concreto, el Ejecutivo regional subvencionará los servicios de implantación e integración de los sistemas de información necesarios para la gestión administrativa, los cursos técnicos de formación del personal y la asistencia al personal usuario. Quedan excluidos de la convocatoria, entre otros, la adquisición de equipos informáticos y de hardware, los gastos de transporte o de cartografía digital.
El Gobierno de Cantabria repartirá estas ayudas entre los municipios solicitantes teniendo en cuenta unos criterios objetivos de valoración, como es la población total del municipio, por lo que recibirán una partida económica mayor aquellos municipios con menos vecinos y, por tanto, con menores recursos económicos.
Con esta convocatoria, el Gobierno da cumplimiento a la línea de actuación establecida en Estrategia Regional de la Comunidad Autónoma de Cantabria frente al reto demográfico y lucha contra la despoblación, en beneficio de todos sus vecinos, potenciando la administración electrónica como una garantía del acceso en igualdad a los servicios públicos, además de contribuir al cumplimiento de las obligaciones legales en este ámbito.
La responsable de la Consejería de Presidencia y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha señalado que contar con estos servicios contribuye de forma importante a luchar contra el riesgo de despoblamiento en el mundo rural y facilitar "el buen funcionamiento, la cercanía y rapidez" de los servicios públicos municipales.
En este punto, ha recordado otros proyectos que desarrolla el Gobierno en todos los ayuntamientos de Cantabria para avanzar en la digitalización de los servicios públicos, como es el plan de dotación de cerca de 500 puestos inteligentes en las oficinas municipales, junto a los trabajos de digitalización del padrón municipal y de los archivos de los registros civiles de todos los ayuntamientos. Igualmente, el Gobierno cántabro facilitará la formación a más de 6.000 empleados públicos de los ayuntamientos con el fin de implementar la nueva Ley de simplificación administrativa.
En palabras de Isabel Urrutia, se trata de programas de cooperación con los ayuntamientos, cuya finalidad "es contribuir al impulso de la administración electrónica en el ámbito local y responder al principio constitucional de eficacia en el funcionamiento de la administración pública".
