La diputada y portavoz del PRC en materia sanitaria, Paula Fernández, propondrá un acuerdo al Pleno del Parlamento para poner en marcha un conjunto de medidas destinado a mejorar la atención y el diagnóstico y apoyar económicamente a las personas con enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten en Cantabria.
Tras la inclusión en el Presupuesto de 2026 de una partida específica con este objetivo, por importe de 30.000 euros, Fernández quiere dar ahora un paso más para responder al impacto creciente de la enfermedad celíaca, que afecta a más de 5.000 personas en Cantabria, sin contar las que sufren intolerancia al gluten no celíaca, y que también requieren una dieta estricta como base de su tratamiento.
Según diversos estudios citados por la parlamentaria, ese tipo de alimentación supone un sobrecoste mensual de alrededor de 100 euros, en torno a 1.200 anuales, que representan "un problema adicional para muchas familias".
Por ello y en aras a compensar ese coste, propone impulsar la tramitación urgente en las Cortes Generales de la proposición de ley estatal de compensación económica para las personas celíacas, como mejor vía para paliar el impacto económico de la dieta estricta en gluten, que es "el único tratamiento eficaz para esta enfermedad".
En el ámbito autonómico, la iniciativa regionalista plantea la puesta en marcha de una orden de ayudas económicas dirigidas a este colectivo, que contribuya también a compensar parcialmente el coste de los productos sin gluten.
Además, Paula Fernández quiere reforzar las políticas de diagnóstico precoz, mediante acciones de formación y sensibilización dirigidas a los profesionales sanitarios y a la ciudadanía, y promover la elaboración de una estrategia autonómica específica que integre programas de información, educación sanitaria y formación para el personal sanitario y el sector de la restauración.
Asimismo, aboga por la implantación de protocolos de atención, seguimiento clínico y asesoramiento nutricional en coordinación con el Servicio Cántabro de Salud y las asociaciones de pacientes, así como el estudio de un registro autonómico que permita mejorar el conocimiento epidemiológico y orientar las políticas públicas en este ámbito.
"Hay que reforzar las políticas públicas para mejorar la atención sanitaria y brindar apoyo social y económico a las personas afectadas", ha subrayado.
Finalmente, ha destacado la importancia de garantizar entornos alimentarios seguros en centros educativos, sanitarios y sociales.
