Desde la agrupación ciudadana Reinosa en Común (REC) no podemos entender porque se ha esperado tanto en tomar medidas ante los graves incumplimientos por parte del concesionario de la gestión y explotación del Nuevo Matadero de Reinosa.
El contrato firmado con el concesionario en agosto de 2012, reflejaba desde mediados de 2015 incumplimientos muy graves del mismo cuando no pagaba ya la concesión y, desde 2016 cuando ya no pagaba la basura, el IBI y el impuesto de actividades económicas. Según la "Cláusula 31" de dicho contrato, el retraso de más de 30 días naturales en el pago del canon o de cualquier tributo de carácter público a las administraciones públicas son incumplimientos muy graves y conllevan multas de hasta 10.000€ o incluso la resolución del contrato. En lugar de 30 días, estamos hablando de 7 años de retraso en el pago de estos tributos.
Otro de los incumplimientos muy graves de la empresa concesionaria ha sido la no remisión desde 2017 de los Boletines de Cotización a la Seguridad Social (TC) al Ayuntamiento. A principios del 2018 se les requirieron los TC con un plazo de 5 días, y tampoco lo cumplieron. Desde REC nos gustaría que el equipo de gobierno de este ayuntamiento explicara el porqué de este retraso de 7 años en tomar medidas, cuando estaban obligados a tomarlas desde los primeros incumplimientos. No entendemos tampoco porqué la ciudadanía va a tener ahora que pagar las deudas del concesionario, que ascienden, de momento, a casi 400.000 euros con la Seguridad Social y a unos 100.000 euros con el Ayuntamiento de Reinosa.
Es nuestra responsabilidad como gestores del público velar por los intereses de toda la ciudadanía y, el equipo de gobierno PRC PP, en este caso, no lo ha hecho. Hemos sido informados en todo momento por los trabajadores municipales de estas deudas y, desde REC, cómo era nuestra obligación, hemos instado desde hace años a qué se tomarán medidas al respecto, pero no se han tenido en cuenta nuestras propuestas.
Ahora, después de siete años en esta situación, tenemos que hacer todo de urgencia. En el pleno ordinario del pasado jueves el equipo de gobierno no consideró que estuviera obligado a suprimir el servicio para después, convocar un pleno extraordinario este lunes con esa misma intención, sin saber en qué condiciones quedarán los trabajadores, actualmente en situación de ERTE.
Respecto a los trabajadores, velaremos porque pueda negociarse algún tipo de acuerdo de recolocación con la nueva empresa adjudicataria del servicio, que posibilite el mantenimiento de sus empleos bajo unas condiciones laborales de garantía.
