Se nos llena la boca hablando de la "España conectada", de la digitalización rural y del fin de la brecha tecnológica. Sin embargo, basta con levantar la vista al cielo en Matamorosa o en cualquier rincón de la comarca campurriana para darse de bruces con una realidad mucho más rudimentaria. Lo que debería ser la autopista de la información se parece hoy más a una selva descuidada: una maraña de cables negros, lánguidos y peligrosos que asfixian las fachadas.
Resulta insultante que, en plena era de la fibra óptica y el 5G, la infraestructura que sostiene el "progreso" dependa de postes de madera que parecen pedir la jubilación a gritos. Caminar por las calles es asistir a un museo del abandono. Haces de cables sin tensar que se precipitan hacia las aceras, líneas que cruzan de forma caótica y soportes inclinados que desafían las leyes de la gravedad y del sentido común.
No es solo una cuestión estética -que también, pues el impacto visual degrada nuestro entorno-; es una cuestión de seguridad y dignidad.
La metáfora de la desidia
El caso del vecino de Matamorosa que, harto de la inacción empresarial, decidió sujetar los cables con una cuerda para evitar un accidente, es la imagen perfecta de la situación actual. Una cuerda. Esa es la respuesta técnica que han recibido los campurrianos durante seis meses: el silencio de las operadoras frente al ingenio desesperado de un ciudadano.
¿En qué momento aceptamos que el mantenimiento de las infraestructuras básicas recaiga sobre los hombros (y los bolsillos) de los vecinos? Esta "solución" improvisada no es una anécdota curiosa; es el síntoma de una enfermedad llamada impunidad corporativa. Las compañías de telecomunicaciones son rápidas para emitir facturas, pero exasperantemente lentas -o invisibles- a la hora de retirar el cableado muerto o asegurar las líneas que siguen vivas.
Responsabilidades compartidas
La telaraña que envuelve a Campoo no solo está tejida con cobre y fibra; está hecha de una burocracia que permite el "lavado de manos". Las empresas se amparan en la confusión sobre la titularidad de las líneas para no mover un dedo. Pero en este juego de sombras, las administraciones públicas no pueden ser meros espectadores.
Los ayuntamientos tienen la obligación moral, y legal, de actuar como escudo de sus vecinos. No basta con lamentar el estado de las calles; es necesario exigir con firmeza la ordenación del mapa de cableado, el fin del caos aéreo y la sustitución inmediata de los postes deteriorados.
Nadie desea una conectividad de segunda categoría. Matamorosa y la comarca no puede ser el vertedero visual de unas multinacionales que solo miran al mundo rural para buscar clientes, olvidándose de que aquí también viven personas que merecen seguridad y respeto por su paisaje urbano.
Mientras las empresas sigan mirando hacia otro lado, y mientras la solución siga siendo una cuerda atada por un vecino, el mensaje es claro: para ellos, seguimos siendo ciudadanos de segunda. Y eso, sencillamente, es inadmisible.
