El montante está destinado a la contratación de cinco trabajadores y gastos corrientes y servicios
Está formada por 7 ayuntamientos campurrianos y su función es ofrecer de manera conjunta los servicios sociales de atención primaria en estos municipios
El Boletín Oficial de Cantabria ha publicado este jueves, 23 de marzo, la aprobación definitiva del presupuesto general de 2023 y plantilla de personal de la Mancomunidad de Municipios Alto Ebro, creada en diciembre del año pasado e integrada por los ayuntamientos de Campoo de Enmedio, La Hermandad de Campoo de Suso, Campoo de Yuso, Las Rozas de Valdearroyo, San Miguel de Aguayo, Santiurde de Reinosa y Pesquera, para ofrecer de manera conjunta los servicios sociales de atención primaria que con carácter polivalente se dirigen a toda la población de estos municipios.
Así, para 2023 contará con un presupuesto total de 177.990,42 euros, de los cuales 145.490 euros están destinados a sufragar los gastos de personal: un secretario-interventor (funcionario con habilidad nacional), y como personal laboral fijo un auxiliar administrativo y tres plazas de trabajadoras/es sociales, aún vacantes.
Los otros 32.500 euros irán destinados a gastos en bienes corrientes y servicios.
El presidente electo de la Mancomunidad de Municipios Alto Ebro desde su constitución hasta los comicios del 28 de mayo es Eduardo Ortiz (alcalde Campoo de Yuso). Una vez superada esta fecha se convocarán nuevas elecciones para elegir un nuevo presidente, cuyo cargo es rotativo por un periodo de seis meses.
Pasos previos y funciones
Previamente a su aprobación en el BOC, el Gobierno de Cantabria autorizó el 23 febrero el convenio entre el ICASS y la Mancomunidad de Municipios Alto Ebro para el desarrollo de los servicios sociales de atención primaria que con carácter polivalente se dirigen a toda la población con el objetivo de proporcionar a la ciudadanía unos servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas en los términos previstos por la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales.
Las funciones a desarrollar desde la Red de Servicios Sociales de Atención Primaria en el marco del convenio se concretan en ofrecer información, evaluación, diagnóstico y orientación en materia de servicios sociales; detectar, analizar y valorar las situaciones de necesidad existentes en su ámbito territorial, proporcionando la información necesaria para la planificación en el ámbito local y autonómico; proporcionar atención y apoyo a la unidad de convivencia en centro y en domicilio; los recursos y medios que faciliten la integración y la participación social de las personas, unidades de convivencia y grupos en la comunidad; realizar actuaciones preventivas e intervenir en las situaciones de riesgo y de necesidad social del conjunto de la población; promover medidas de inserción social, laboral y educativa; gestionar, tramitar y desarrollar las prestaciones que les correspondan y, en particular, en los términos de la presente Ley, los servicios de teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio y servicio de comida a domicilio, para personas que, de acuerdo con la legislación estatal, no tengan reconocida la situación de dependencia.
También se encargarán de gestionar, tramitar y desarrollar las prestaciones que se les deleguen; colaborar y coordinarse técnicamente con los Servicios Sociales de Atención Especializada.
