La Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria ha dado luz verde ambiental al parque eólico Somaloma-Las Quemadas y a sus infraestructuras de evacuación eléctrica, según publica este pasado lunes, 25 de mayo de 2026, el Boletín Oficial de Cantabria.
El proyecto, promovido por EDP Renovables España, S.L.U., prevé una inversión de 34,9 millones de euros y una potencia instalada de 43,2 megavatios (MW). Las instalaciones se repartirán entre los municipios de Campoo de Enmedio, Valdeprado del Río y Valdeolea.
La nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) anulase en marzo de 2025 la autorización administrativa previa concedida al proyecto original, tras estimar el recurso presentado por una asociación. Para reactivar la tramitación, la empresa promotora presentó en mayo de 2025 una nueva propuesta con modificaciones técnicas y ambientales relevantes respecto al diseño inicial.
La principal novedad es la reducción del número de aerogeneradores, que pasa de 12 a 9, aunque se mantiene la misma potencia total gracias a máquinas más eficientes, de 4,8 MW cada una. Además, el proyecto incorpora medidas para disminuir el impacto visual y forestal, como un mayor soterramiento de la línea eléctrica de evacuación de 132 kV y el desplazamiento de 11 apoyos para evitar afecciones sobre masas arboladas y propiedades privadas. Los nuevos aerogeneradores tendrán una altura de buje de 110 metros y un diámetro de rotor de 133 metros.
Las instalaciones se ubicarán en terrenos de Campoo de Enmedio y Valdeprado del Río, afectando a varios Montes de Utilidad Pública, entre ellos Matanzas, Campulario y Santa Marina o Nuestra Señora, por lo que la empresa deberá obtener las correspondientes concesiones de ocupación forestal. La infraestructura eléctrica evacuará la energía generada hasta la subestación de Mataporquera, en el municipio de Valdeolea.
La DIA favorable incorpora numerosas medidas correctoras y preventivas impuestas por distintos organismos del Gobierno de Cantabria, especialmente en materia de biodiversidad y patrimonio histórico. La Dirección General de Montes y Biodiversidad ha advertido de la presencia de ejemplares de Triglochin palustris, una planta acuática catalogada como vulnerable en Cantabria, en algunos caminos de acceso previstos para las obras. Para garantizar su conservación, el proyecto deberá respetar la red natural de drenaje y los regatos existentes. En las zonas sensibles no podrán emplearse estructuras cerradas de hormigón, debiendo sustituirse por soluciones tipo puente que eviten afecciones directas al cauce. Además, en caso de daños sobre Hábitats de Interés Comunitario prioritarios de carácter forestal, la promotora estará obligada a restaurar y reforestar una superficie equivalente a cuatro veces la afectada.
El informe ambiental también exige un control arqueológico intensivo y diario durante todos los movimientos de tierra. La zona afectada albergó posiciones y combates durante la Guerra Civil Española, por lo que se realizarán prospecciones electromagnéticas y estudios históricos específicos en áreas como Pozazal y Somaloma. Las trincheras y elementos patrimoniales cercanos deberán quedar protegidos mediante perímetros de seguridad de cinco metros y se contemplan sondeos manuales en los enclaves afectados.
Como parte de las medidas compensatorias, el Servicio de Patrimonio Cultural plantea que la empresa contribuya económicamente a diferentes actuaciones de conservación y puesta en valor del patrimonio histórico de la comarca. Entre las propuestas incluidas figuran la excavación y valorización del Proyecto Campoo-Los Valles en Camesa y/o Julióbriga, la restauración de las pinturas góticas de varias iglesias de Valdeolea, la limpieza y señalización del Bien de Interés Cultural (BIC) del castro de Las Rabas y trabajos de conservación en la iglesia de San Pedro de Cervatos.
El expediente concluye que el parque eólico permite optimizar el recurso eólico existente en el sur de Cantabria y contribuir a los objetivos autonómicos de transición energética, siempre condicionado al estricto cumplimiento de todas las medidas ambientales y patrimoniales fijadas en la Declaración de Impacto Ambiental.
