JUCIL, asociación mayoritaria de la Guardia Civil, ha alertado este miércoles a través de una nota de prensa sobre el preocupante aumento de agresiones a los agentes en Cantabria y reclama mayor protección legal, así como dotación de medios para garantizar la seguridad de sus efectivos.
Uno de los casos más alarmantes se vivió recientemente en Reinosa, donde una patrulla de la Guardia Civil detuvo a un vehículo que circulaba de manera errática por la carretera y al proceder a la identificación del conductor, este -ebrio y sin carnet de conducir- junto con su copiloto, atacó brutalmente a los agentes hasta inmovilizarlos.
Mientras los agentes intentaban identificar a sus ocupantes, el copiloto comenzó a agredirlos, forzándolos a repeler la agresión y tratar de reducirlo. En medio del forcejeo, el conductor aprovechó la situación para subirse al coche y huir, mientras que el otro delincuente se apoderó del vehículo oficial y lo despeñó en la ruta hacia Alto Campoo. Cabe destacar que el conductor, responsable de ambos delitos, ya había sido arrestado en verano de 2023 por disparar a una familia con niños tras una discusión de tráfico en Reinosa. En aquel momento fue acusado de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y un delito contra la seguridad vial al conducir el turismo pese a tener ya entonces retirado el permiso de circulación.
"No es comprensible para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni para la ciudadanía que un personaje con esos antecedentes pueda pasear tranquilamente por la calle", comenta el guardia civil quien además señala que este es el tercer incidente grave contra un agente en Cantabria solo desde enero.
"Este año hemos llegado a ser agredidos incluso por una mujer víctima de violencia de género mientras intentábamos reducir a su atacante", asegura el agente, totalmente desconcertado.
Por su parte, José Mota, secretario provincial de JUCIL en Cantabria, alerta del alto número de agresiones y atentados contra la Benemérita en la comunidad, con 33 casos registrados en 2024, una cifra solo superada por Almería, con 46 ataques. Esta situación resulta alarmante, especialmente en una zona que, a priori, debería ser más tranquila, al no ser una puerta de entrada del narcotráfico ni de inmigración ilegal, como ocurre en provincias gallegas, andaluzas o en las Islas Canarias.
A lo largo de 2024, JUCIL ha asumido la defensa jurídica de esos 33 casos de agresiones y atentados contra guardias civiles en Cantabria, ejerciendo la acusación particular y reclamando el máximo castigo previsto por el Código Penal.
Desde la asociación, insisten en la necesidad de una legislación más dura y homogénea, con penas ejemplares para quienes agreden o amenazan a los agentes del orden. "Si nosotros mismos no alzamos la voz para defender nuestros derechos como guardias civiles, ¿quién lo hará? Necesitamos recuperar la autoridad que algunos han ido erosionando poco a poco. Cuando acudimos a un lugar en el que se nos necesita, merecemos respeto. No olvidemos que la Guardia Civil cubre la seguridad ciudadana en más del 80% del territorio español", concluye Mota.
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