Entre el 1 de enero y el 23 de marzo de 2019 se han provocado alrededor de 550 incendios forestales en 65 municipios de la Comunidad Autónoma, que han afectado a una superficie de 10.937,95 hectáreas.
Esta oleada de incendios ha ocasionado pérdidas económicas por valor de 9.402.796,02 euros, resultantes de la estimación de los costes de restauración, de las pérdidas de bienes que tienen precio de mercado, las pérdidas ambientales y los gastos de extinción.
El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación ha informado hoy a la Mesa para la Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales de los datos de superficie y de pérdidas económicas por los incendios provocados en el citado periodo y que obligaron al Gobierno de Cantabria a activar el Plan Especial de Incendios Forestales (INFOCANT) entre el 17 y 18 de febrero en nivel 2 y entre el 4 y el 6 de marzo, en su nivel 1.
Los datos señalan que, de los 65 municipios dos fueron los más afectados, Soba y Vega de Pas, donde se superan las 1.000 hectáreas. Otros 47 ayuntamientos sobrepasan las 10 hectáreas, 23 ayuntamientos las 100 hectáreas de afección y 5 de ellos superan las 500 hectáreas.
De la superficie afectada, 9.240,27 hectáreas, un 84,48 por ciento, corresponde a formaciones desarboladas, y 1.697,68 hectáreas, un 15,52 por ciento, a zonas arboladas, en las que la formación con un mayor grado de afección son los robledales, seguidos de los eucaliptales, los pinares de Pinus radiata, los bosques mixtos de frondosas y los hayedos.
En cuanto a la afección a los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, propiedad de las entidades locales, representa un 86,59 por ciento de la superficie quemada, con 9.471,52 hectáreas.
Además, los incendios provocados en los primeros meses del año han afectado a 3.141,08 hectáreas de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, que representan un 28,72 por ciento de la superficie quemada.
Dentro de estos espacios, 2.869,92 hectáreas son superficies desarboladas y 271,16 hectáreas de carácter arbolado, que se corresponden en su integridad con frondosas autóctonas.
Los espacios protegidos con mayor grado de afección por los incendios forestales son la Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000 (ZEC) Montaña Oriental (2.587,15 ha); la ZEC Valles Altos del Nansa y Saja y Alto Campoo, que incluye la superficie afectada en el Parque Natural Saja-Besaya (448,69 ha); la ZEC Sierra del Escudo de Cabuérniga (88,22 ha); el Parque Nacional de los Picos de Europa, que afecta también a la Zona de Especial Protección para las Aves y la ZEC de Liébana (45,23 ha).
Para la determinación cartográfica de las áreas quemadas se han empleado los datos capturados por los sensores instalados a bordo de los satélites de observación de la tierra Landsat 7ETM+, Landsat 8 OLI, SENTINEL-2A MSI y SENTINEL-2B MSI.
Pérdidas económicas
La valoración de pérdidas económicas por los incendios de entre el 1 de enero y el 23 de marzo de este año se sitúa en 9.402.796,02 euros, resultantes de la estimación de los costes de restauración, de las pérdidas de bienes que tienen precio de mercado, las pérdidas ambientales y los gastos de extinción.
Concretamente, los costes de restauración, que incluyen acciones de repoblación, intervención selvícola y/o conservación para restaurar los ecosistemas afectados y garantizar la persistencia de la vegetación tras el paso del fuego, suponen 3.516.818,07 euros.
Por su parte, la valoración de la pérdida de bienes con precio de mercado asciende a 893.998,71 euros y aglutina los daños y perjuicios ocasionados por el incendio sobre aprovechamientos de mayor relevancia por su capacidad para la generación de rentas, como son los aprovechamientos de madera y leñas.
Respecto de la valoración de pérdidas ambientales, se estiman en 3.579.083,51 euros, considerando, entre otras, las pérdidas por fijación de carbono atmosférico y las pérdidas por afecciones al paisaje.
Por otro lado, los costes de los operativos de extinción y emergencias se han estimado en 1.412.895,73 euros. Para la Administración autonómica ha supuesto un gasto de 739.058,72 euros, atribuibles en su mayor parte al Operativo de Prevención y Lucha contra Incendios de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, además de a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Respecto del Estado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha cuantificado el apoyo prestado en las operaciones de extinción en 673.837,01 euros, vinculados al apoyo con medios aéreos y a la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales de Ruente.
En el caso de la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyo apoyo se solicitó con la activación del nivel 2 del INFOCANT, el coste diferencial es nulo ya que se trata de una unidad creada específicamente para prestar apoyo ante cualquier emergencia en el territorio nacional.
Balance de los incendios año 2018
Contrastando con lo ocurrido en el primer trimestre de 2019, el balance de los incendios provocados en el año 2018, que también se ha presentado en la reunión de la mesa, arroja unos datos relativamente buenos.
Aunque se provocaron en todo el año 566 incendios, con 5.339,34 hectáreas quemadas, esas cifras son inferiores a la media de incendios y superficie afectada en el período 2008-2017, concretamente un 20% menos en el número de incendios (707 incendios/año de promedio en ese período) y un 43% menos en la superficie afectada (9.400,50 hectáreas/año).
La eficiencia en las labores de extinción del operativo de la Dirección General del Medio Natural y unas condiciones meteorológicas favorables explican los datos del año pasado que, no obstante, no dejan de ser significativos en cuanto al número de incendios provocados.
Evaluación del PEPLIF y desarrollo en 2019
Por otro lado, en la reunión de hoy el Gobierno de Cantabria ha presentado la evaluación del Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (PEPLIF) durante 2018. El 76% de las acciones previstas para ese año se han finalizado o están en fase de desarrollo, y el resto se han trasladado al año 2020.
Entre las acciones completadas figuran la creación de la norma que regula el sistema de participación social, disponer de un Programa de Formación Continua del Operativo activo y permanente, la garantía de una estadística de incendios de alta calidad apoyada en técnicas de teledetección y el alineamiento de las políticas de subvenciones de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación con el PEPLIF.
Entre las acciones ya ejecutadas están el refuerzo de la colaboración con la Guardia Civil para incrementar la eficiencia de las labores de vigilancia y las ayudas para las actuaciones de prevención de incendios forestales realizadas por las entidades locales.
Entre las acciones en desarrollo destaca la implementación de proyectos piloto de buena gestión silvopastoral, con la participación del Centro de Investigación y Formación Agrarias dependiente también de la Consejería de Medio Rural.
En 2019 el plan contempla el trabajo en 51 acciones, de las que destacan las agrupadas en tres grandes bloques.
En primer lugar, el comienzo de la elaboración e implantación de los Instrumentos de Gestión del Monte, para lo que ha sido preciso la elaboración de un sistema de gestión forestal sostenible que sirve de soporte a esos Instrumentos. En las próximas semanas se solicitará a todas las entidades locales propietarias de Montes de Utilidad Pública que pongan de manifiesto su disposición a trabajar con la Consejería en la redacción de dichos Instrumentos.
En segundo lugar, en relación con las quemas controladas y prescritas, se trabajará en establecer los criterios técnicos que determinen la tipología de zonas sobre las que realizarlas y en mejorar y agilizar el procedimiento de autorización y ejecución de las mismas, de forma que se disponga de un sistema regional de quemas controladas y prescritas.
El tercer bloque, será la puesta en marcha del Comité Científico de Asesoramiento al PEPLIF en el que ya se cuenta con la participación del Centro de Investigación y Formación Agraria de la Consejería de Medio Rural, la Universidad de Cantabria, el Instituto de Hidráulica o la Agencia Estatal de Meteorología, estando pendiente la incorporación de otros organismos especializados.
