El Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Administración Local, la Federación de Municipios de Cantabria y los ayuntamientos de la región trabajaran de manera conjunta para determinar las instalaciones obsoletas que Telefónica mantiene en diferentes núcleos de la comunidad autónoma y concretar los puntos de intervención donde sea necesaria la retirada de esas infraestructuras, que provocan problemas de seguridad y dañan la imagen de la comunidad autónoma.
Así lo han acordado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, Francisco Javier Camino, en la reunión que han mantenido este martes por la mañana en la sede del Ejecutivo, en la que también ha participado la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, y los miembros de la junta de la comisión ejecutiva de la federación, Eduardo Ortiz, vicepresidente primero, y Roberto Escobedo, vicepresidente segundo.
Este tema forma parte de las demandas que los representantes de los ayuntamientos trasladaron a la presidenta en anteriores encuentros y que Buruaga ha abordado con responsables de Telefónica en una reunión que mantuvieron la pasada semana en la que la jefa del Ejecutivo planteó la situación en estos municipios y la necesidad de tomar medidas.
El objetivo de trabajo es dar un paso más y allanar el trabajo a la empresa para concretar aquellos puntos en los que es necesaria la intervención y retirada de instalaciones en desuso.
Al margen de este tema, el presidente de la federación ha trasladado a la presidenta reivindicaciones relacionadas con el Fondo de Cooperación Local y la financiación con que cuentan las entidades locales para hacer frente a servicios públicos en un contexto de incremento de los costes.
Camino ha alabado el trabajo del Ejecutivo en el Plan Concertado de Servicios Sociales y ha insistido en la necesidad de que Cantabria pueda contar con unos presupuestos para este año, que permitan seguir avanzando en este terreno.
Además, los representantes de los ayuntamientos han pedido la ayuda del Gobierno en relación a la ley de Bienestar Animal y su mediación con las confederaciones para los permisos de limpieza de los cauces de los ríos que pasan por los municipios.
