La Dirección General de Política Energética y Minas ha declarado de utilidad pública el parque eólico Bustatur, una instalación de 41,6 megavatios de potencia instalada que se ubicará entre los municipios de Las Rozas de Valdearroyo, en Cantabria, y Arija y Valle de Valdebezana, en la provincia de Burgos.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), supone un nuevo paso administrativo para el desarrollo del proyecto energético promovido por Bustatur Energy SL, y permite avanzar en los procedimientos de ocupación de terrenos y posibles expropiaciones necesarias para la ejecución de la infraestructura.
El parque eólico cuenta ya con autorización administrativa previa desde julio de 2023, inicialmente concedida a Green Capital Power SL. Posteriormente, en noviembre de 2024, el Ministerio para la Transición Ecológica autorizó la transmisión de la titularidad del proyecto a Bustatur Energy SL y aprobó las modificaciones y la autorización de construcción.
La declaración de utilidad pública afecta tanto al parque eólico como a sus infraestructuras de evacuación eléctrica. Según recoge la resolución, el expediente ha sido tramitado conforme a la Ley del Sector Eléctrico y al Real Decreto 1955/2000, normativa que regula las autorizaciones de instalaciones eléctricas.
Durante el proceso se solicitaron informes a diferentes administraciones y organismos públicos. Entre ellos figuran la Confederación Hidrográfica del Ebro, ADIF y Red Eléctrica de España. Esta última señaló la necesidad de formalizar acuerdos para la ocupación de terrenos de su propiedad afectados por parte del trazado de la línea eléctrica proyectada.
Asimismo, varios ayuntamientos, juntas vecinales y organismos provinciales consultados no presentaron alegaciones dentro del plazo establecido, lo que, según la normativa vigente, se interpreta como conformidad administrativa.
La solicitud fue sometida además a información pública durante junio de 2025 mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial del Estado, el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y el diario El Correo de Burgos. Según la resolución, únicamente se recibió una alegación, que fue posteriormente contestada por el promotor.
La declaración de utilidad pública implica, de acuerdo con la legislación estatal, el reconocimiento de la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto, habilitando procedimientos de expropiación forzosa y servidumbres de paso para las infraestructuras eléctricas.
No obstante, la resolución recuerda que el proyecto todavía deberá cumplir con el resto de permisos y autorizaciones sectoriales vinculadas a ordenación del territorio, medio ambiente y otras normativas aplicables.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes.
