El alcalde de Valderredible, el regionalista Fernando Fernández, ha cuestionado hoy la oposición del Gobierno de Cantabria al fracking por su negativa a aplicar la Ley de Patrimonio y ampliar el entorno de protección de los Bienes de Interés Cultural del municipio, solicitada por el Ayuntamiento para impedir la aprobación de los proyectos de fractura hidráulica que afectan al término municipal.
Fernández considera esta negativa del Ejecutivo como "una nueva contracción" en su "supuesta oposición" a esta técnica, ya que "por un lado anuncia que utilizará todos los medios a su alcance y al mismo tiempo rechaza el uso de la Ley de Patrimonio, pese a ser en este momento el mejor mecanismo de defensa".
Según ha explicado, el Ayuntamiento solicitó la ampliación del entorno de protección de tres Bienes de Interés Cultural, la Torre Cadalso, la iglesia rupestre de Cadalso y la Colegiata de San Martín de Elines, con el fin de "evitar cualquier actuación que pueda llegar a ponerlos en peligro".
Sin embargo, la respuesta del Gobierno "no ha podido ser más decepcionante, injusta e injustificada", al negar esa posibilidad, en contra de lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Patrimonio: "Se entiende por entorno de un bien inmueble declarado de Interés Cultural o catalogado de Interés Local el espacio, edificado o no, próximo al bien, que permite su adecuada percepción y comprensión, considerando tanto la época de su construcción, como su evolución histórica, que da apoyo ambiental y cultural al mismo y que permite la plena percepción y comprensión cultural del bien y cuya alteración puede afectar a su contemplación o a los valores del mismo".
Fernando Fernández cree que al no utilizar este mecanismo, que es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, "solo cabe pensar que el Gobierno carece de voluntad más allá de las declaraciones de cara al público, porque cuanto tiene que actuar todo son parabienes para los impulsores del fracking, bien en forma de votos a favor de los diputados y senadores del PP cántabro, bien en forma de inhibición a la hora de aplicar las herramientas que la legislación autonómica prevé".
Además, cuestiona que la negativa del Gobierno se base precisamente en el referido artículo 50 de la Ley de Patrimonio, ya que al evitar la construcción de torres de prospección, caminos y demás elementos necesarios para el desarrollo del fracking se garantiza la adecuada contemplación de los BIC y se impide la pérdida del contexto ambiental en el que están ubicados, "permitiendo una correcta percepción, que será imposible si se llevan a cabo las prospecciones".
"Es incomprensible que, en lugar de utilizarla para conceder la ampliación del perímetro de protección, el Gobierno use la ley para denegarlo y poner trabas a quienes estamos buscando todos los medios a nuestro alcance para evitar el fracking en nuestros municipios", ha concluido el alcalde de Valderredible.