El Gobierno de Cantabria duplicará los beneficios fiscales relacionados con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con un ahorro para los cántabros y cántabras de 33 millones de euros en la próxima declaración de la renta, tras la aprobación esta tarde por en el Pleno del Parlamento de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como la ‘ley de acompañamiento' de los Presupuestos Generales de Cantabria para 2023.
Para la consejera de Economía y Hacienda, Ana Belén Álvarez, con la aprobación de esta norma, se da luz verde a una propuesta fiscal "progresiva, rigurosa y sostenible" que incluye una nueva deducción fiscal, de la que se beneficiarán 127.000 contribuyentes, y que les permitirá un ahorro en conjunto de 16,5 millones de euros. "Beneficiará casi a uno de cada dos contribuyentes, y el beneficio para las rentas medias-bajas será cuatro veces mayor a si deflactásemos los tramos como propone la oposición", ha remarcado.
En concreto, con esta nueva medida, el contribuyente podrá aplicar una deducción de 100 euros si cuenta con un salario inferior a 30.000 euros, y una de 200 euros para los que presenten la declaración de forma conjunta con una renta de hasta 40.000 euros.
Además, la rebaja fiscal del Ejecutivo incluye el incremento en un 50% de las cuantías máximas en otras cinco deducciones de carácter social, una medida de la que se beneficiarán unos 15.500 contribuyentes con cerca de 1 millón de euros. En concreto, son las deducciones por acogimiento familiar de menores, que pasa de 240 a 360 euros por menor; la de gasto de guarderías (de 300 a 450 euros); la de cuidado de familiares (de 100 a 150 euros); la de nacimiento y adopción de hijos (de 100 a 150 euros) y la de familias monoparentales (de 200 a 300 euros).
Asimismo, la consejera ha recordado que el proyecto de ley prevé prorrogar la bonificación de 49 tasas y tarifas que aprobó el Gobierno tras el estallido de la Guerra -junto a un paquete de ayudas por valor de 15 millones de euros- para beneficiar al tejido empresarial.
En este punto, Ana Belén Álvarez ha mencionado también la reforma del IRPF que está tramitando el Gobierno de España relacionada con la reducción de los rendimientos del trabajo que, según la consejera de Economía, supondrá un ahorro medio de unos 400 euros para contribuyentes por debajo de 21.000 euros.
Conjunto de medidas
Durante su intervención, la titular de Economía y Hacienda ha enfatizado que la bajada de impuestos del Gobierno de Cantabria "no es una medida aislada", sino que "viene a reforzar el amplísimo paquete de medidas que han adoptado los Gobiernos progresistas de Cantabria y España, y las que se van a adoptar", y que están dirigidas a beneficiar, fundamentalmente, a las clases medias y trabajadoras y a las rentas más bajas, así como al tejido empresarial.
Así, ha recordado otras medidas como la rebaja del tipo del IVA de la luz del 21 al 5%; la del Impuesto Especial a la electricidad del 5 a 0,5%, así como la del IVA del gas natural, pellets y leña del 21 al 5%. La titular de Economía y Hacienda también se ha referido a los límites al alquiler, la subida del 15% de las cuantías del Ingreso Mínimo Vital y de las pensiones no contributivas, además del incremento del bono social térmico, el transporte público gratuito, la bonificación del combustible, el tope al precio del gas -excepción ibérica-, el incremento del salario mínimo o la reforma laboral, entre otras.
A este respecto, la consejera ha apuntado que el impacto en Cantabria de todas las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España y por el de Cantabria "superan los 300 millones de euros".
La consejera ha defendido que el Gobierno no puede aceptar las enmiendas propuestas por la oposición porque "benefician a las rentas más altas y perjudican a la clase media y trabajadora". En este punto, se ha referido, además de a la deflactación, al Impuesto de Patrimonio, que grava a quienes tienen un patrimonio superior a 1 millón de euros. "Suprimirlo sería una auténtica temeridad. Porque, con el Impuesto de Solidaridad, ese 0,5% de los cántabros y cántabras que lo abonan, tendrían que seguir liquidando el impuesto a las grandes fortunas, solo que la recaudación iría a las arcas del Estado en lugar de a las arcas autonómicas", ha explicado.
Por otro lado, la consejera ha indicado que el proyecto de ley que incluye cambios en leyes como la de finanzas, régimen jurídico o subvenciones, "con el objetivo de eliminar disfunciones en el procedimiento administrativo y agilizar la gestión, evitando así trámites innecesarios e ineficaces". "Todo ello con el fin último de agilidad en la gestión y una mejora y más rápida satisfacción de los intereses generales", ha remarcado.
