El Gobierno de Cantabria se ha ofrecido para personarse como acusación popular en la causa por la muerte por violencia de género de Nancy Paola Reyes, según ha anunciado hoy el vicepresidente, Pablo Zuloaga.
"No vamos a parar hasta acabar con la violencia machista, vamos a intensificar nuestros esfuerzos para que las víctimas confíen en las instituciones y se apoyen en nosotros, vamos a continuar reforzando el sistema público de protección y atención a las mujeres y a sus hijos e hijas, y vamos a actuar con determinación para que cada maltratador y cada asesino pague por los crímenes que comete", ha asegurado el vicepresidente.
En una carta remitida esta mañana por la directora general de Igualdad y Mujer, Consuelo Gutiérrez, a la familia de la joven se ofrece "la posibilidad de que el Gobierno de Cantabria se persone en los juicios correspondientes a los procedimientos penales iniciados", acogiéndose a la posibilidad prevista en el artículo 18 de Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas.
En ese artículo se establece que "la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de la Dirección General del Servicio Jurídico, previa evaluación de los hechos por parte de la Consejería competente en materia de la Mujer y a requerimiento expreso de ésta y, previo informe de viabilidad jurídica del Servicio Jurídico, ejercerá la acción popular en la forma y condiciones establecidas por la legislación procesal, en los procedimientos penales por violencia de género en toda su extensión, en que por las secuelas de la misma se produzca la muerte, lesiones graves o incapacitación definitiva de la víctima".
Además, en esa carta el Gobierno ofrece a los familiares los recursos y servicios que tiene a disposición de las víctimas y de sus hijos e hijas.
Zuloaga ha recordado a las víctimas que cuentan con todo el apoyo y recursos públicos para salir de "ese infierno en el que viven cada día" y ha confirmado que para su departamento el fin de la violencia machista es una "prioridad absoluta" porque "la democracia no será plena hasta que consigamos acabar con esta cruel y brutal violencia que sufren miles de mujeres y sus hijos e hijas".