El Gobierno de Cantabria ha autorizado en su reunión de hoy la creación de la línea de financiación ICAF-CULTURA-COVID19, dotada con 500.000 euros y destinada a pymes y autónomos del sector cultural. Además, ha aprobado el cheque autónomo que supone una inversión de 9 millones de euros.
Según ha explicado el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, el objetivo de esta línea es "mitigar las repercusiones negativas de la crisis", que ha obligado a paralizar la actividad cultural durante dos meses y plantea un proceso de desescalada lento, y ha asegurado que "ante la extrema necesidad", el Gobierno quiere que "esta línea estará operativa cuanto antes".
Además, el Ejecutivo ha aprobado el denominado cheque de autónomos, una ayuda de 286 euros que percibirán hasta 30.000 beneficiarios para compensar los efectos económicos de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, y que contará con un total de 9 millones de euros.
Zuloaga también se ha referido al anuncio de Nissan del cierre de la planta de Barcelona y ha trasladado el apoyo del Gobierno de Cantabria a sus trabajadores. "Seguimos con expectación las noticias sobre la planta de Los Corrales y estamos en contacto permanente con el comité de empresa y la dirección de la planta, ofreciendo el apoyo y respaldo del Gobierno a los trabajadores".
Siete nuevos activos por coronavirus
La reunión del Consejo de Gobierno una semana más ha estado marcada por la evolución de la crisis sanitaria, que en la jornada de ayer registró un repunte, con 7 casos nuevos detectados por PCR. Un dato que, según ha revelado Zuloaga, preocupa la Consejería de Sanidad, que ya está realizando, desde Salud Pública, el seguimiento de las, aproximadamente, 140 personas que habrían estado en contacto con estos nuevos casos activos.
"Por eso es tan importante que, estando en la fase 2, sigamos cumpliendo las medidas de distanciamiento social y de uso de mascarillas, y ser muy prudentes en los hábitos sociales que vamos recuperando. El objetivo es avanzar en la conquista de espacios como hasta ahora, trabajamos para llegar a la fase 3 pero es fundamental, la vista de estos datos de ayer, que sigamos cumpliendo las normas como veníamos haciéndolo hasta ahora", ha afirmado el vicepresidente.
Apoyo a los ayuntamientos y plan de derribos
El Ejecutivo esta mañana ha dado luz verde a varias medidas que benefician a los ayuntamientos de Cantabria y que suponen el pago, entre la semana pasada y ésta, de 10 millones de euros correspondientes a la Orden de Corporaciones Locales de 2019, que permitió la contratación de 3.170 personas desempleadas; la inversión de 700.000 euros en infraestructuras deportivas en los ayuntamientos de Castro Urdiales, Laredo, Piélagos, Ramales, San Vicente y Santoña, y la aportación de un total de 550.000 a 16 ayuntamientos para el servicio de para vigilancia, rescate y salvamento en playas. Además se ha aprobado otra trasferencia de 550.000 para potenciar el transporte de interés social en ayuntamientos de Cantabria.
Por otra parte, el Gobierno también ha analizado el plan de derribos diseñado por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo y los ayuntamientos de Argoños, Arnuero, Escalante, Piélagos y San Vicente de la Barquera, que actualiza el realizado en 2011, cuya vigencia ya ha concluido.
El nuevo documento prevé la demolición de 204 de las 511 viviendas afectadas a día de hoy por sentencia y cuantifica en algo más de 23,3 millones de euros el coste de las obras de derribo, las indemnizaciones y la construcción de viviendas de sustitución, cantidad que será financiada al 50% por el Ejecutivo y los municipios afectados. La previsión es que esté culminado al término de la presente legislatura, en 2023.
