Los directores y directoras de las tres Comisiones Permanentes de los centros educativos de Cantabria (Infantil y Primaria, Secundaria y Concertada), como representantes de las comunidades educativas, lamentamos profundamente la agresión al alumno del IES Leonardo Torres Quevedo y nos solidarizamos con el dolor de la familia y del propio menor. Compartimos su angustia e indignación y manifestamos nuestro sentimiento de repulsa ante los hechos sucedidos. Lo hacemos también en nombre de todo el profesorado, que aún esta consternado.
Afirmamos públicamente que la dirección del centro actuó con arreglo a la normativa vigente, siguiendo los pasos recogidos en el Decreto 53/2009 que regula la convivencia en los centros educativos de Cantabria, al incoar inmediatamente un expediente disciplinario a los alumnos agresores y aplicarles las medidas cautelares que recoge dicho procedimiento. La denuncia de los hechos ante la fiscalía de menores, por parte de la familia, suspendió el procedimiento disciplinario abierto por el centro y se activó entonces el protocolo de valoración de posible situación de acoso.
Además de respaldar con este comunicado el trabajo realizado por el equipo directivo del IES Torres Quevedo, queremos denunciar el uso deliberado de la desinformación, los juicios infundados y las falsedades vertidas en algunos medios de información y especialmente en las redes sociales, que han contribuido a alentar una ola de violencia manifiesta, acoso mediático, denostación y ataque a la integridad de alumnado, familias, docentes y equipo directivo de esa comunidad educativa. Porque conviene recordar que todos estos procedimientos y protocolos son confidenciales y deben velar por los derechos de los menores y sus familias. A día de hoy, la causa es competencia de la fiscalía de menores y el protocolo abierto por el centro educativo no ha finalizado. Sin embargo, todos hemos asistido ya al juicio social y a la sentencia paralela de menores, familias y profesionales implicados en los hechos.
Es necesario afirmar que, ni en este centro ni en ningún otro de Cantabria, "se mira para otro lado" ante cualquier situación de acoso o violencia. Las directoras y los directores tomamos todas las medidas que están a nuestro alcance y que la ley contempla priorizando el bienestar y la seguridad del agredido y la atención a su familia. Las afirmaciones calumniosas de quienes dicen defender al agredido, la falta de rigor mostrada por varios medios de comunicación, el linchamiento al que han contribuido los escritos anónimos en redes antisociales, la prensa amarillista o los comunicados emitidos por algunos grupos políticos (desafortunados en unos casos y absolutamente falsos en otros), solo han generado una ola real y manifiesta de violencia, desprotección, odio y acoso mediático a los menores implicados, a sus familias y a los responsables del centro educativo. Todos ellos demuestran su falta de conocimiento respecto a la normativa que regula la convivencia en los centros educativos y su falta de respeto al trabajo de los docentes y equipos directivos, contribuyendo a una campaña mediática que ha denostado al IES Leonardo Torres Quevedo y ha atentado deliberadamente contra nuestro honor y trabajo.
En todos los centros educativos de Cantabria trabajamos la educación en valores a través de los proyectos educativos, los planes de acción tutorial, los planes de convivencia, los planes de salud y bienestar, los protocolos de prevención ante posibles situaciones de acoso que impulsan, desarrollan y activan los docentes de los centros educativos y que contribuyen al buen clima de convivencia y bienestar de nuestras comunidades educativas.
Es de justicia poner de manifiesto que Cantabria destaca a nivel nacional como una de las comunidades autónomas con mejores índices de convivencia, como se refleja en el "Estudio del Clima Escolar y la Convivencia en los Centros Educativos de Cantabria", que recoge las opiniones del alumnado y del profesorado. Lo corrobora, de igual modo, el último informe del Consejo escolar de Cantabria, que, sin embargo, apunta acertadamente que no podemos olvidar que en algunos momentos se producen casos aislados de comportamientos violentos en los que la Consejería de Educación actúa de manera rápida y eficaz, consciente de que conductas de esa naturaleza no son compatibles con una convivencia democrática ni con la naturaleza de la institución educativa. Y, ante esos casos, los centros educativos asumimos nuestra responsabilidad aplicando los protocolos establecidos por la normativa vigente. Entre el curso 2017-2018 y el curso 2021-2022 hemos pasado de 47 protocolos de acoso abiertos (con cinco casos confirmados) a 82 protocolos abiertos (con 11 casos confirmados), es decir, se han duplicado los datos. Si nos fijamos en el curso 22-23, las cifras se triplican: 146 protocolos de acoso abiertos (28 confirmados). En este mismo curso, se tramitaron también 145 procedimientos disciplinarios. La escuela, a la par que la sociedad, es cada vez más consciente de la importancia de eliminar de todos los ámbitos estas conductas, desde la prevención, sí, pero también mediante procedimientos disciplinarios, medidas educativas y prácticas restaurativas ante conductas contrarias a la convivencia.
Conviene recordar que la "escuela" es un reflejo de la sociedad y que cada día los equipos directivos y el resto de compañeros docentes nos enfrentamos a nuevos retos y desafíos que debemos atender y compaginar con nuestra labor docente (atención a la salud mental, acción tutorial, gestión de la convivencia, vigilancia de recreos, coordinación de planes y programas, formación continua, orientación laboral, educación en valores, acompañamiento de actividades complementarias y extraescolares, y un largo etc.). En cambio, a menudo, somos diana fácil de la crítica y pocas veces reivindicamos nuestra labor social, nuestro mérito y nuestra autoridad. Esto es tremendamente injusto y, en demasiadas ocasiones, las direcciones de los centros nos sentimos indefensos. En este sentido, lamentamos que ni la junta de personal docente, ni los sindicatos que defienden los derechos de los docentes se hayan manifestado hasta la fecha en defensa de la situación de acoso y linchamiento mediático que sufre nuestro colectivo y, especialmente, el equipo directivo y docentes del IES Leonardo Torres Quevedo.
Reiteramos nuestra condena rotunda ante cualquier tipo de violencia, pero no puede ser que quienes se erigen en defensores de la no violencia, la ejerzan tan enérgicamente. Es justo también expresar nuestro reconocimiento a las familias que han mostrado respeto y confianza, tras el horror de toda esta situación. También, al alumnado que ha sabido apoyar a su compañero mostrando su repulsa de modo contundente, pero desde el respeto. Es el momento de la calma y de la confianza en las instituciones y en los procedimientos en curso, que no olvidemos y según recoge la normativa, son confidenciales.
Consideramos que es un buen momento para reivindicar la convivencia sana en los centros educativos y con ese objetivo trabajamos cada jornada. Pero lo vivido en los últimos días se ha manifestado en un acoso docente como consecuencia de lo ocurrido el pasado viernes a la salida del centro, donde entre los cientos de manifestantes que acudieron a las puertas del IES Leonardo Torres Quevedo, se permitió que un nutrido grupo de personas golpearan las ventanas del acceso al centro y zarandearan coches del personal, amenazando al equipo directivo y al profesorado, increpando y asustando con consignas amenazantes y acciones violentas a algunos docentes, equipo directivo y parte del personal.
Los equipos directivos reclamamos la ayuda de nuestra Administración Educativa. Solicitamos la revisión y mejora de los procedimientos que regulan la convivencia y pedimos que se den a conocer a los medios, a la sociedad y a los políticos, para evitar futuras desinformaciones y juicios de valor que sólo perjudican la convivencia, enfrentan a las personas y vulneran derechos fundamentales. Pedimos protección ante la desinformación y manipulación mediática y acciones legales contra los que atentan contra nuestro trabajo y honor deliberadamente y con absoluta impunidad.
Creemos en la utilidad social de nuestro trabajo, pero necesitamos que la sociedad -que es quien ha delegado en nosotros esta noble tarea- nos facilite que podamos hacerlo; con confianza, con respeto y con colaboración, para poder alcanzar unos objetivos compartidos por todos.
LA EDUCACIÓN ES TAREA DE TODOS. TODAS LAS PERSONAS, TODAS LAS INSTITUCIONES DEBEMOS AUNAR ESFUERZOS Y VOLUNTADES PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MEJOR.
