Según un comunicado remitido por Ecologistas en Acción, el Tribunal Supremo ha anulado el permiso del vertedero de residuos de construcción concedido por la Consejería de Medio Ambiente al "no contar con el respaldo del correspondiente plan sectorial".
"La legislación europea de residuos entiende que en las políticas sobre residuos concurren circunstancias de especial relevancia en el ámbito social, económico y ambiental, por lo cual ciertas decisiones están reservadas a los poderes públicos y no pueden quedar en la simple iniciativa privada. Entre esas cuestiones está determinar la ubicación de los vertederos", señalan los ecologistas.
"La aprobación del vertedero de Celada Marlantes se realizó en ausencia del plan sectorial correspondiente, aprobado con posterioridad", explica el comunicado de Ecologistas en Acción. "Tarde pero mal, puesto que se hizo con un retraso de más de doce años y en el mismo tampoco se establece ni el número, dimensiones, ni ubicaciones de los posibles vertederos como es obligatorio".
"Pero ningún plan hubiese avalado la construcción de un vertedero como el que nos ocupa, en el extremo sur de Cantabria en cuya comarca se estimaba una generación de este tipo de residuos que representaba sólo la décima parte del conjunto. Lo lógico es que este vertedero se ubicase en el triángulo entre Santander, comarca del Besaya y zona oriental, donde la Consejería de Medio Ambiente estima se generan el 80% del total. Particularmente cuando la distancia es fundamental en la gestión de unos residuos que tienen poco valor añadido", aseguran los firmantes del comunicado.
"Afortunadamente, proyectos de este tipo o como el de la planta de bioetanol de Sniace, no se han ejecutado por falta de viabilidad de los mismos y de solvencia de los promotores. Pero si se hubiesen llevado a cabo, hoy estaríamos ante sentencias firmes y el Gobierno Regional tendría que afrontar muy sustanciales indemnizaciones, a detraer de unos presupuestos públicos muy exiguos que en ningún caso deberían utilizarse para subsanar errores derivados de una mala gestión pública", comunican.
"La situación de inseguridad jurídica persiste puesto que los planes vigentes incumplían la obligación de fijar los lugares de eliminación y cualquier proyecto", como por ejemplo -señalan- el vertedero de Valderredible, está "condenado a seguir el mismo camino".
