La Guardia Civil de Cantabria junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha detenido a dos hombres, de 33 y 34 años, como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales, en este caso procedente de la supuesta venta de sustancias estupefacientes en la comarca de Liébana.
Los investigadores calculan que parte de los beneficios de la supuesta actividad ilícita, al menos 50.000 euros, han sido reinvertidos en la adquisición de otros bienes, vehículos, que han sido decomisados.
La Guardia Civil a finales de pasado año, en el marco de una operación contra el tráfico de drogas y el furtivismo, procedió a desmantelar un punto de venta de cocaína, tanto desde una vivienda de la citada comarca, como al menudeo en las diferentes poblaciones, principalmente en Potes.
Fruto de aquella operación se procedió a la detención de tres personas, se realizaron varios registros, y se puso al descubierto otros hechos delictivos como defraudación de fluido eléctricos, robos con fuerza, receptación, y contra la fauna al comercializar con cabezas de cérvidos, algunas de ellas intervenidas.
La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, continuaron con la investigación, bajo la dirección del Juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Vicente de la Barquera, realizando una serie de análisis e investigaciones más profundas de lo intervenido y propiedades, resultando algunas de ellas sospechosas de tener un origen ilícito.
Del resultado de esta investigación se ha procedido en el presente mes de julio a la detención de dos varones por el presunto delito de blanqueo de capitales, al haberse corroborado la reinversión de parte de los beneficios que obtuvieron de las otras presuntas actividades ilícitas, cuantificándose en al menos 50.000 euros.
Estas dos personas ya habían sido igualmente detenidos en la fase de explotación de la operación antidroga del pasado año.
La recuperación de activos procedentes de delitos, es una estrategia clave para garantizar que delinquir no sea rentable, mediante el establecimiento de sistemas como el decomiso y la averiguación patrimonial.
