La Jefatura Provincial de Tráfico de Cantabria, dependiente de la Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior, ha entregado a la Policía Local de Santander 300 kits para realizar test de drogas a conductores.
El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y el jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, han entregado el material al concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santander, Eduardo Castillo, y el jefe de la Policía Local, Víctor Sánchez, y el jefe de Atestados, Javier Portilla.
Casares ha destacado que estos 300 kit de prueba de drogas refuerzan las labores en detección de sustancias por parte de la Policía Local, que en 2024 realizó más de 800 pruebas, con 440 positivos. "El esfuerzo compartido y la colaboración entre administraciones es la mejor forma de reforzar la seguridad vial y la prevención", ha señalado.
Esta entrega de kits se enmarca en los acuerdos de colaboración que mantiene la DGT con los ayuntamientos en los que hay policías locales, a los que aporta equipos y material para conseguir mayor efectividad y garantizar la seguridad vial, como vehículos, etilómetros y radares.
Los kits facilitan la posibilidad de detectar y respaldar un positivo por drogas, detectando hasta cinco sustancias mediante una muestra salival que es posteriormente analizada en laboratorios autorizados, garantizando la cadena de custodia.
Además, para evitar que conductores que hayan consumido alguna sustancia psicotrópica circulen por la red viaria, la Dirección General de Tráfico realiza a lo largo del año varias campañas de vigilancia de alcohol y drogas en la conducción, en las que colabora activamente la Policía local de Santander, controlando este factor de riesgo que incrementa la tasa de incidencia de accidentes y la gravedad de los mismos.
La sanción por conducir con presencia de drogas en el organismo es de 1.000 euros y la retirada de seis puntos del permiso de conducción. Si la presencia de droga en el organismo influye en la conducción se da traslado a la vía penal y puede llevar aparejada una pena de prisión de tres a seis meses, una multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días; y, en cualquier caso, privación del derecho a conducir vehículos a motor uno a cuatro años.
