Según recogen este mañana los distintos medios de comunicación nacionales, el Tribunal Constitucional (TC) ha estimado el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de la Nación contra la ley de Cantabria que prohibió el empleo de técnicas de fractura hidráulica (fracking) en su territorio para extraer gas. La norma autonómica, aseguran desde el TC, "invadió competencias estatales".
El Pleno del Constitucional acordó en el día de ayer el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de la Nación contra la Ley de Cantabria 1/13, que en abril de 2013 estableció en el territorio de esa comunidad autónoma la prohibición de la técnica de fractura hidráulica (fracking) para la investigación y extracción de gas no convencional.
El TC, que anula la ley autonómica por "invadir competencias estatales en materia de hidrocarburos", ha resuelto este asunto en solo cinco meses. El Gobierno impugnó la ley cántabra el 27 de enero y el Constitucional admitió a trámite el recurso el 11 de febrero. Automáticamente, la norma impugnada quedó suspendida cautelarmente en su vigencia y aplicación. Pero Cantabria solicitó el levantamiento de la suspensión y al estudiar esa petición el TC vio factible resolver directamente el fondo del asunto, lo que ha hecho con una ponencia del magistrado Andrés Ollero.
Es la primera vez que el TC se pronuncia sobre el fracking en una sentencia que permitirá decidir sobre conflictos similares planteados en otras comunidades autónomas, entre ellas La Rioja y Navarra. En el caso de Cantabria, el conflicto entre el Gobierno autonómico, presidido por Ignacio Diego (PP), contra el Gobierno Mariano Rajoy, también del PP, se ha saldado a favor del Ejecutivo central.
"Si algún día se llega a hacer fracking en Cantabria, al día siguiente presento mi dimisión"
"Si algún día se llega a hacer fracking en Cantabria, al día siguiente presento mi dimisión". Así de contundente se ha mostrado el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ante la decisión del Tribunal Constitucional de declarar anticonstitucional la Ley 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en la Comunidad Autónoma de la técnica de la fractura hidráulica. Fernández ha dejado claro el "profundo" grado de implicación personal en contra del fracking, ya que "desde la Consejería se ha asesorado al presidente en este asunto y ha dejado claro "que en Cantabria no va a haber fracking con las actuales circunstancias".
Fernández ha reiterado esta mañana en rueda de prensa la oposición frontal del Gobierno de Cantabria ante esta técnica de extracción de gas no convencional y ha dicho que el Gobierno de Cantabria respeta, como no puede ser de otra manera, la decisión del Alto Tribunal, pero que ahora se van a analizar las posibilidades de actuación. En este sentido, el titular de Medio Ambiente ha repetido que "se ha perdido una batalla, pero que la guerra contra el fracking sigue". Aquí ha puesto como ejemplo la decisión de la empresa BNK, promotora del proyecto ‘Arquetu' de no recurrir ante los tribunales la decisión que tomó el Consejo de Gobierno en febrero de anular su permiso en base a la legislación vigente.
El consejero ha dicho que el Gobierno de Cantabria recoge el clamor de los ciudadanos y de las instituciones de Cantabria en contra de esta técnica y ha recordado que la ley que prohibía el fracking en Cantabria fue aprobada por unanimidad en el Parlamento regional por todos los grupos políticos.
Durante su comparencia ante los medios de comunicación, el consejero ha señalado que se le acababa de notificar esta misma mañana la decisión, "no el contenido, sino la circunstancia". Por este motivo el responsable de Medio Ambiente no ha entrado a valorar el contenido íntegro de la sentencia "hasta que no la tengamos". Aún así Fernández ha anunciado que desde el Gobierno se van a utilizar todas las competencias que se disponen en materia urbanística, ambiental y sanitaria para "oponernos a esta técnica, siempre de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional".
En este sentido, el consejero ha indicado el papel relevante que van a tener desde este momento los ayuntamientos, y ha señalado la importancia de que éstos y la administración autónoma "vayan unidos" y que no se hagan cambios en los planeamientos urbanísticos para permitir esta técnica.
Ahora, en su opinión, hay que hacer una lectura sosegada de la sentencia para ver cuáles son los matices y ha explicado que, aunque Cantabria cuenta con una legislación muy restrictiva que se aplica muy rigurosamente, caben posibles y futuras reformas legislativas que sean aún más restrictivas y rigurosas".
Ante las preguntas de los medios de comunicación por la rapidez de la decisión del Tribunal Constitucional (cinco meses), el consejero se ha alegrado por la celeridad en la resolución del recurso presentado por el Estado en contra de esta Ley, "aunque no compartimos los razonamientos".