El Consejo de Gobierno ha acordado este jueves otorgar la concesión administrativa para la ocupación de terrenos de montes de utilidad pública necesaria para la ejecución del Proyecto de ampliación de la central hidroeléctrica reversible de Aguayo - Aguayo II, promovido por Repsol Generación Eléctrica, S.A.U., por un periodo de 50 años. Este proyecto ha sido declarado Proyecto de Interés Común (PCI) por la Comisión Europea, al considerarse estratégico y crucial para la seguridad energética y la integración de energías renovables tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea.
La ampliación de Aguayo II cuenta con Declaración de Impacto Ambiental favorable, emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y actualmente vigente hasta junio de 2026, y ha sido informada favorablemente por el Servicio de Montes de la Dirección General de Montes y Biodiversidad, al considerarse compatible con los valores naturales de los montes afectados. El Consejo de Gobierno ha resuelto el expediente conforme a la normativa vigente, tras analizar las alegaciones presentadas por la Junta Vecinal de San Miguel de Aguayo.
La concesión autoriza la ocupación de una superficie total aproximada de 656.000 metros cuadrados correspondiente a distintos montes de utilidad pública, necesaria para infraestructuras vinculadas al proyecto, como accesos, instalaciones hidroeléctricas, líneas eléctricas, servidumbres y elementos auxiliares. El acuerdo establece, además, un régimen detallado de condiciones técnicas, ambientales y de seguridad, así como la obligación de restauración y revegetación de los terrenos afectados una vez finalizadas las obras, con el objetivo de minimizar el impacto paisajístico y ambiental.
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha fijado las indemnizaciones económicas a favor de las entidades locales propietarias de los montes afectados y las aportaciones al Fondo de Mejoras de los montes, garantizando la compensación correspondiente y el retorno ambiental al territorio. Con esta decisión, el Gobierno de Cantabria refuerza su compromiso con la transición energética, el desarrollo de infraestructuras estratégicas y la compatibilización del impulso a las energías renovables con la protección del dominio público forestal y del entorno natural.
