UGT y CCOO en Correos, con más del 76% de la representación, han convocado huelga general en la empresa postal pública los días 1, 2 y 3 de junio y una manifestación en Madrid, hasta el Parlamento, el 1 de junio. A estas movilizaciones están llamadas unas 500 personas trabajadoras de Correos en Cantabria.
Ambas organizaciones sindicales llevan más de dos años denunciando el desguace de Correos implantado por su presidente, Juan Manuel Serrano, que "ha emprendido un proceso de reconversión y desguace del Servicio Público Postal de nuestro país, con el inaceptable aval de Moncloa, que está provocando la desilusión y frustración de los trabajadores y trabajadoras de Correos".
La implantación del "modelo de Serrano", como subrayan los sindicatos, condena a Correos a ser "un operador paquetero, logístico y de carga de mercancías, donde el negocio puro y duro prima sobre el servicio postal público a la ciudadanía dentro de un marco ultraliberal que ni la derecha se atrevió a implantar teniendo mayoría absoluta".
"Serrano ha demostrado ser un pésimo gestor que pone en riesgo la viabilidad y el futuro de la mayor empresa pública del país, dando razones más que suficientes para convocar una huelga general que detenga el daño irreparable que se está haciendo a Correos como empresa y al servicio público postal, comprometiendo el futuro de 47 mil trabajadores y trabajadoras y sus familias.
CCOO y UGT destacan que hay razones más que suficientes para esta convocatoria de huelga porque "es inaceptable que Correos esté al borde de la quiebra técnica y ruina económica". Como denuncian, hay cientos de millones acumulados en pérdidas -más de 500 millones en tres años, 400 millones de déficit estructural y préstamos por un montante de 1000 millones para el pago de las nóminas- como consecuencia de la renuncia de Serrano a defender una mayor financiación pública, "el caos en la gestión y el despilfarro en fastos megalómanos, ocurrencias sin contrastar y proyectos fracasados".
Por otro lado, apuntan al desplome de carga de trabajo "por la política agresiva de precios que ahuyenta clientes y la incapacidad de aprovechar el crecimiento del mercado de paquetería, que en otros grandes operadores europeos reporta millones de beneficios" y al "abandono del servicio público tanto en el mundo rural de la España vaciada como en el urbano y oficinas, donde la calidad del servicio no importa y todo se sacrifica para reconvertir a la plantilla en personas para todos".
Además, ambas centrales sindicales critican la "implantación del empleo basura" que, como cifran, ha supuesto la pérdida de 7.000 puestos de trabajo, un 25% de jornadas a tiempo parcial y una precarización de las condiciones de trabajo.
Los cambios organizativos impuestos -"negociados a escondidas únicamente con el 24% de la representación"- "precarizan a todos los colectivos y suponen romper el modelo de reparto actual", lo que conlleva una pérdida de eficiencia y calidad notables, el cierre y traslado de centros de reparto alejándolos de la atención a la ciudadanía, la eliminación de las Unidades de Servicios Especiales, perdiendo especialización y valor añadido en la atención a la ciudadanía, la implantación de un modelo organizativo y funcional "caótico y ruinoso" en Oficinas que relega la atención del usuario común a un segundo plano en beneficio de los grandes clientes; la invasión de los CTA por Correos Express (CEX) y creación de Centros Nodales en un escenario de caos escandaloso y de confusión de cargas de trabajo y plantillas, justificando el desbarajuste con el argumento de la generalización de las "sinergias de Grupo" con el último fin de sustituir el empleo de la matriz por el de la filial; y, por último, una clamorosa política publicitaria vacía de los Servicios Rurales ligada a una España vaciada se están dejando de lado al tiempo que se precarizan.
CCOO y UGT exigen al Gobierno que deje de mirar para otro lado y replantee el futuro de Correos desde un modelo de servicio público, moderno, competitivo, eficaz y eficiente, con financiación suficiente e inversiones que garanticen su viabilidad. Ambas organizaciones han anunciado que, de no revertir la situación, el jueves día 7 de abril reunirán a 200 delegados y delegadas para dar el pistoletazo de salida a la movilización contra el desguace.
