La Federación de Enseñanza y la Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Cantabria han criticado que algunos consejeros del actual Gobierno del Partido Popular, entre los que se encuentra el titular de Educación, Miguel Ángel Serna, y la de Justicia, Leticia Díaz, hayan solicitado una remuneración económica que, en algunos casos, llega hasta los 65.000 euros para compensar la diferencia salarial de sus sueldos en la Administración Pública con el salario que han recibido como consejeros de Gobierno.
Tanto el secretario general de la Enseñanza, Javier Ramírez, como el responsable de la sección sindical de CCOO en el Gobierno, Javier González, han mostrado su "más absoluta indignación" tras conocer esta noticia y han considerado "inmoral" las reclamaciones económicas de estos dos consejeros "que han sido responsables de los mayores recortes llevados a cabo en estos cuatro años".
Ramírez ha precisado que en todos los años de autonomía de Cantabria ningún consejero había tenido "la cara dura" de plantear este "despropósito" y ha recordado que Serna comenzó su mandato "desviando" parte del presupuesto de la Consejería de Educación a un concierto educativo afín a un colegio del Opus Dei que segrega a los alumnos por sexos y que ahora cierra el mandato "dejando un caos absoluto en la Consejería y llevándose más dinero de los cántabros mientras, por otra parte, realizaba recortes argumentando falta de presupuesto"
Sobre la situación de la Consejería, el responsable de Enseñanza de CCOO ha explicado que el proceso de oposición tiene muchos problemas, las aulas de dos años no tienen partidas presupuestarias suficientes y el ambiente entre el profesorado es de malestar general con la gestión.
Por su parte González ha recriminado que Díaz solicite esta compensación económica después de votar a favor de la Ley sobre Medidas Administrativas Económicas y Financieras para la Ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de Cantabria de 2012 que supone "la ley que mayor retroceso" en derechos económicos, sociales y laborales "jamás ideados" por ningún Gobierno en la democracia.
El representante de CCOO ha denominado a Díaz como la "consejera de los recortes" y ha precisado que, además de votar a favor de esta ley y sumarse a los recortes planteados por el Gobierno central, se ha dedicado a "perseguir y eliminar" los derechos sindicales, ha intentado acallar la voz de CCOO como sindicato "más combativo" en las mesas y en la calle, ha negado los salarios de las guardias de los rescatadores del helicóptero del 112, -denuncia que posteriormente ganó el sindicato en los juzgados-, y ha realizado "importantes" bajadas de salarios al colectivo de emergencias.
También se puede achacar, ha dicho González, a esta consejera el haber dejado la Administración con más de 700 puestos amortizados, según certifica el censo de 2015 en comparación con el de 2011 y ha criticado que Díaz exija ahora la diferencia salarial cuando "ella siempre ha sido voluntaria para ocupar un cargo político".
CCOO ha exigido al nuevo Ejecutivo que investiguen las nóminas de los altos cargos del Gobierno del PP, porque según González, "creemos que están cobrando de forma irregular el complemento de destino a favor de ellos y no como el del Estado".
Ramírez ha solicitado a los actuales gestores en funciones que paralizan todas sus actuaciones y ha emplazado a los próximos responsables del departamento que auditen la gestión de Serna.
La valoración de UGT
La sección sindical de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en el Gobierno de Cantabria ha emitido hoy un comunicado en el que critica que tres altos cargos del Ejecutivo autónomo vayan a ser compensados económicamente por la diferencia salarial de su actividad profesional y su dedicación política "en estos últimos cuatro años de recortes y de austeridad máxima y sin compensación alguna para los empleados públicos y los ciudadanos de la región".
"No deja de ser inmoral que después del sacrificio económico exigido a los empleados públicos y a los ciudadanos, el Gobierno de Cantabria en funciones ya esté preparando una nómina del mes de junio para estos tres altos cargos con una cuantía económica sin precedentes para compensar la diferencia salarial entre su actividad profesional y su dedicación política", precisa la sección sindical de UGT en la Administración autónoma.
El sindicato recuerda que "la reclamación de estos tres altos cargos del Gobierno regional en funciones, que en estos cuatro últimos años han percibido un salario anual por encima de los 56.000 euros por su dedicación a la política, se asienta además en una ley de 1999 que se aprobó en un contexto de bonanza económica bien distinto al actual y que hasta ahora nunca había sido utilizada en la región".
"Ya es casual y paradójico que dirigentes del Gobierno de Cantabria que más ha pregonado y aplicado hasta sus últimos extremos las políticas de austeridad y de recortes económicos y sociales, sean ahora los que recurren por primera vez a esta normativa legal que se incluyó en la Ley de los Presupuestos del año 2000", argumenta UGT.
El sindicato, que anuncia su intención de exigir al próximo Ejecutivo autónomo una auditoría de los gastos de personal de los últimos meses de mayo y de junio, rechaza que "ahora sí se tenga dinero para pagar pluses compensatorios a dirigentes gubernamentales cuando a los empleados públicos se nos ha negado el pan y la sal en estos últimos años".
En este sentido, UGT recuerda que "estos tres altos cargos del Ejecutivo autónomo en funciones que reclaman ahora más de 100.000 euros, han formado parte de un Gobierno de Cantabria que ha recortado poder adquisitivo a sus empleados públicos (más de un 21%); además de suprimir o congelar pagas extras, complementos o compensaciones salariales, fondos sociales y planes de pensiones y hasta descansos obligatorios de su propia plantilla".
