La Gerencia Regional del Catastro ha finalizado recientemente el procedimiento de regularización catastral llevado a cabo en el municipio de Campoo de Enmedio. Según ha explicado esta semana el gerente de esta oficina dependiente de Hacienda al alcalde, Pedro Manuel Martínez, el proceso, que se está llevando a cabo en todos los municipios, se ha cerrado en el caso de Campoo de Enmedio con la regularización del 20% de las construcciones, quedando ajenas el 80% por estar correctamente declaradas.
El alcalde había instado a la Gerencia Regional del Catastro a la suspensión de las liquidaciones enviadas por considerar que "los nuevos valores catastrales actualizados se encuentran totalmente disparados y fuera de toda lógica real" y porque se estaba aplicando una retroactividad de cuatro años, "que en muchos casos supone una merma importante de la economía familiar, además de afectar directamente a otros impuestos como el IRPF, Trasmisiones Patrimoniales o el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, entre otros". Además, había señalado el regidor, "no entiendo que se giren liquidaciones con efectos retroactivos hasta el año 2012 cuando la resolución de aplicación del procedimiento de regularización catastral es de finales de 2014 y entró en vigor a 1 de enero de 2015".
Ante el gerente, Martínez argumentó que "los valores catastrales se encuentran disparados y fuera de toda lógica real, por lo que en el pleno del presente mes de mayo se procederá a solicitar al Catastro la aplicación de la actualización de valores mediante la aplicación del coeficiente reductor del 0,92, máximo permitido por la Ley".
Martínez explicó que desde 2012 se viene bajando el tipo de gravamen por parte del Consistorio, ya que es el único factor en poder del Ayuntamiento en relación al IBI. Se ha rebajado del 0,61 al 0,57 actual, sin embargo esta bajada "no encuentra su efecto real dadas las continuas medidas provisionales de incremento aprobadas por el Estado".
El alcalde ha asegurado que este tipo de gravamen seguirá bajando progresivamente a lo largo de los próximos años, hasta situarse en "un nivel de equilibrio estable, que no afecte al normal desarrollo del presupuesto municipal".
"Dado que se han detectado errores en algunas de las alteraciones efectuadas, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos afectados los servicios técnicos de la aparejadora municipal para ayudar a los vecinos a realizar las reclamaciones ante el Catastro, evitando así nuevos gastos a los ciudadanos", concluyó Martínez.
Un proceso nacional
Se trata de regularización que se está llevando a cabo paulatinamente en todo el territorio nacional, entre 2013 y 2016, y prevé la incorporación al Catastro inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos que no estaban correctamente dados de alta y de los bienes rústicos con construcción, así como de las alteraciones de sus características.
El procedimiento, iniciado de oficio en todos los municipios españoles, responde a las obligaciones contenidas en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, y materializado en el Boletín Oficial del Estado con fecha de junio de 2014.
La propia Ley prevé la regularización de todas las construcciones que no se encontraban correctamente dadas de alta en el Catastro Inmobiliario, tanto mejoras procedentes de obras de acondicionamiento como ampliaciones o cambios de uso, surtiendo efecto a partir del momento en que se produjeron, razón por la cual la Dirección General del Catastro está liquidando en este momento los últimos cuatro años. Así mismo, la Ley 16/2012 excluye la aplicación de sanciones y crea una tasa de 60 euros por bien regularizado.
