La Dirección General de Industria, Energía y Minas del Gobierno de Cantabria ha concedido nuevamente la autorización administrativa previa, la autorización de construcción y la declaración de utilidad pública al parque eólico Somaloma-Las Quemadas, promovido por EDP Renovables España, tras una nueva tramitación administrativa que busca subsanar las deficiencias detectadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en el expediente anterior.
La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), da luz verde a un proyecto de 43,2 megavatios de potencia instalada, que se ubicará en los municipios de Campoo de Enmedio y Valdeprado del Río, y cuya infraestructura de evacuación eléctrica atravesará también el término municipal de Valdeolea hasta conectar con la subestación de Mataporquera.
El parque estará integrado por nueve aerogeneradores Nordex de 4,8 MW cada uno, con rotores de 133 metros de diámetro y una altura de buje de 110 metros. El diseño actual supone una reducción respecto a planteamientos anteriores, que contemplaban un mayor número de máquinas.
La infraestructura incluye además una red subterránea de media tensión, una subestación transformadora de 30/132 kV en Valdeprado del Río y una línea de evacuación de 132 kV de más de ocho kilómetros de longitud, combinando tramos subterráneos y aéreos hasta la subestación de Mataporquera.
Los tribunales anularon la autorización anterior
La autorización concedida en 2023 fue anulada por el TSJC tras estimar recursos presentados por colectivos opositores al proyecto.
En una primera sentencia, el tribunal consideró que las modificaciones introducidas por la empresa durante la tramitación constituían cambios sustanciales que debían haber sido sometidos nuevamente a información pública. Posteriormente, una segunda resolución judicial cuestionó también la insuficiente evaluación de los efectos acumulativos y sinérgicos con otros parques eólicos proyectados en la zona.
Según recoge ahora la resolución del Gobierno cántabro, el nuevo expediente incorpora una nueva fase de exposición pública y un estudio actualizado que analiza conjuntamente el impacto territorial de los distintos proyectos eólicos previstos en el entorno.
Más de mil alegaciones
Durante la nueva tramitación se recibieron más de mil alegaciones de particulares y nueve escritos procedentes de asociaciones y entidades, entre ellas ARCA, SEO/BirdLife, la Fundación Oso Pardo, la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica.
Las alegaciones se centraron principalmente en cuestiones relacionadas con el impacto paisajístico, la biodiversidad, los efectos acumulativos de los parques eólicos proyectados en la comarca y la ausencia de un Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT).
La Administración autonómica sostiene que todas estas cuestiones fueron analizadas durante la evaluación ambiental y recuerda que la inexistencia del PROT no impide legalmente la autorización de instalaciones eólicas.
Declaración ambiental favorable
Uno de los elementos clave de la nueva tramitación ha sido la obtención de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, emitida el pasado 6 de mayo de 2026 por la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático.
El documento concluye que el parque "previsiblemente no producirá efectos adversos significativos sobre el medio ambiente" siempre que se cumplan las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas.
Entre las condiciones figuran medidas específicas para la protección de la fauna, la conservación de hábitats y cursos de agua, la integración paisajística, la protección del patrimonio cultural y la prevención de riesgos e incendios forestales. Además, se creará una comisión técnica de seguimiento encargada de supervisar el cumplimiento de los compromisos ambientales.
Declarada la utilidad pública
La resolución también declara la utilidad pública de la instalación, una figura que implica la necesidad de ocupación de los terrenos afectados y permite la tramitación urgente de las expropiaciones o servidumbres necesarias para ejecutar las obras.
El promotor deberá constituir una garantía económica equivalente al 2% del presupuesto de la instalación y ejecutar el proyecto conforme a los condicionantes ambientales y técnicos impuestos por las distintas administraciones consultadas.
El plazo máximo previsto para la ejecución de las instalaciones se extiende hasta el primer semestre de 2028.
Posibilidad de nuevos recursos
La resolución no pone fin a la vía administrativa. Contra ella podrá presentarse recurso de alzada ante la Consejería de Industria en el plazo de un mes desde su publicación en el BOC.
Todo apunta a que la autorización volverá a ser objeto de seguimiento por parte de los colectivos ecologistas y plataformas vecinales que han mantenido su oposición al desarrollo eólico previsto en el sur de Cantabria durante los últimos años.
