El Gobierno de Cantabria destinará 298.599,04 euros a ocho municipios en riesgo de despoblación, entre ellos al municipio campurriano de Valdeolea, para facilitar la adquisición, renovación o ampliación de sus vehículos de uso común. Las ayudas, concedidas por la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, alcanzan hasta 40.000 euros por ayuntamiento.
La resolución, firmada el pasado 31 de agosto y publicada este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), pone fin a una convocatoria a la que concurrieron 17 ayuntamientos. Tras revisar las solicitudes y la documentación aportada, ocho municipios han resultado finalmente beneficiarios, siete han quedado fuera por no alcanzar la puntuación necesaria y dos -Anievas y Soba- han desistido de sus solicitudes.
Herrerías encabeza la relación de municipios beneficiarios, con una subvención de 40.000 euros para un gasto previsto de 43.380,91 euros. El Ayuntamiento obtuvo además la mayor puntuación de las solicitudes finalmente aprobadas, con 8,5 puntos.
También recibirán la cuantía máxima de 40.000 euros los ayuntamientos de: Ruesga, Valdeolea, Miera, Bárcena de Pie de Concha,Villacarriedo y,Villafufre.
La antigüedad del parque móvil, entre los criterios de valoración
La convocatoria establecía diferentes criterios para determinar la puntuación de las solicitudes. Entre ellos se encontraba la adquisición del primer vehículo de titularidad municipal, circunstancia que suponía cinco puntos, así como la sustitución de un vehículo municipal con más de 20 años de antigüedad, que también aportaba cinco puntos.
También se tuvo en cuenta la situación de cada municipio respecto al riesgo de despoblación. Los considerados en riesgo grave de despoblación o con tratamiento especial y diferenciado sumaban tres puntos, mientras que los municipios en riesgo de despoblación obtenían 1,5 puntos.
Las ayudas se abonarán por anticipado
Las subvenciones concedidas se abonarán de forma anticipada, una vez dictada la resolución, directamente en las cuentas bancarias comunicadas por los ayuntamientos beneficiarios y sin necesidad de constituir garantías.
El pago queda condicionado, no obstante, a que las entidades beneficiarias estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como del resto de ingresos de derecho público, y a que no tengan pendiente ninguna deuda derivada de un procedimiento de reintegro.
Los ocho ayuntamientos beneficiarios dispondrán hasta el 31 de marzo de 2027 para presentar la justificación correspondiente de las actuaciones subvencionadas.
