El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, ha aprobado el pago de 866.609,39 euros en ayudas al alquiler correspondientes a la mensualidad de mayo de 2026, que beneficiarán a un total de 2.594 personas. Paralelamente, el Ejecutivo autonómico ha publicado dos resoluciones por las que deniega otras solicitudes de pago al constatar el incumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa reguladora.
Las seis resoluciones, firmadas por el consejero Roberto Media Sainz y publicadas este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), se enmarcan en el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 y en la normativa autonómica que regula los distintos programas de ayudas al alquiler.
La mayor parte de la financiación corresponde al programa general de ayudas al alquiler de vivienda, con una dotación de 724.331,02 euros, destinada a 2.226 beneficiarios.
A esta cantidad se suman 65.512,67 euros para 161 personas incluidas en el programa específico dirigido a víctimas de violencia de género, personas afectadas por desahucios de su vivienda habitual, personas sin hogar y otros colectivos especialmente vulnerables. De este importe, 32.782,55 euros corresponden a la resolución ya publicada y 32.730,12 euros a una nueva resolución aprobada para 119 beneficiarios correspondiente a la mensualidad de mayo.
Asimismo, el BOC publica una nueva resolución de concesión de las subvenciones personales a inquilinos para el pago de rentas de viviendas del programa para contribuir al reto demográfico en municipios o núcleos de población de pequeño tamaño, que autoriza el pago de 44.035,58 euros a favor de 88 beneficiarios.
El pago de todas estas ayudas será tramitado por la Dirección General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera con cargo a los Presupuestos Generales de Cantabria de 2026.
Denegaciones por incumplimiento de las condiciones
Junto a las resoluciones de concesión, el BOC publica otras dos por las que la Consejería deniega diversas solicitudes correspondientes a la mensualidad de mayo del programa general de ayudas al alquiler y del programa destinado a personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico.
Según recoge la Administración autonómica, tras revisar la documentación aportada por los solicitantes se ha comprobado el incumplimiento de uno o varios de los requisitos exigidos para percibir las subvenciones.
Entre las causas figuran la presentación fuera de plazo de los justificantes del pago del alquiler, la falta de acreditación adecuada mediante transferencia o recibo bancario, discrepancias entre el importe abonado y el establecido en el contrato de arrendamiento o la ausencia de la documentación complementaria exigida cuando la renta había sido actualizada.
La normativa establece que las personas beneficiarias deben presentar mensualmente, entre los días 1 y 10, la solicitud de concesión y pago acompañada de los justificantes bancarios correspondientes. La Administración recuerda que los documentos presentados fuera de ese plazo no pueden ser tenidos en cuenta para el abono de la ayuda, lo que conlleva su denegación.
Asimismo, los recibos deben identificar el mes al que corresponde el pago, al arrendatario, al arrendador y el importe exacto de la renta. En caso de que la cantidad abonada difiera de la fijada en el contrato, es necesario aportar la documentación justificativa prevista en la normativa.
Publicación en el BOC
Las resoluciones de concesión y de denegación sustituyen la notificación individual a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria y, de forma complementaria, en el tablón de anuncios de la Dirección General de Vivienda.
Contra las resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de dos meses.
Con estas actuaciones, el Ejecutivo autonómico continúa la gestión mensual de las ayudas contempladas en el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, al tiempo que aplica los controles previstos para garantizar que las subvenciones se concedan únicamente a quienes cumplen las condiciones establecidas.
