El Gobierno de Cantabria ha presentado sus alegaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, denunciando que el texto convierte una decisión voluntaria reconocida por la ley en una condición obligatoria de hecho para acceder a financiación estatal.
El Ejecutivo autonómico considera que el proyecto supone un intento de utilizar los recursos públicos de todos los españoles para imponer una determinada orientación política en materia de vivienda y penalizar a aquellas comunidades autónomas que, en ejercicio legítimo de sus competencias, han optado por desarrollar políticas diferentes.
Según ha señalado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, el planteamiento del Gobierno central es "profundamente injusto, discriminatorio y contrario al principio de igualdad".
"La ley dice claramente que declarar una zona tensionada es una facultad de las comunidades autónomas, no una obligación. Lo que no puede hacer ahora el Gobierno de España es convertir esa decisión voluntaria en un requisito para acceder a millones de euros de financiación pública, ha asegurado."
Media ha advertido de que el Real Decreto supone "un castigo económico" para los ciudadanos de aquellos territorios que han decidido no aplicar una medida cuya eficacia sigue siendo objeto de debate técnico y académico.
"Nos encontramos ante un mensaje muy preocupante: si haces lo que quiere el Gobierno de España, recibes más fondos; si ejerces tus competencias con autonomía y criterio propio, te quedas fuera. Eso no es cooperación institucional. Eso es utilizar el dinero público para condicionar decisiones políticas", ha criticado el consejero.
Cantabria rechaza que se penalice a los ciudadanos por decisiones legítimas de su comunidad autónoma
El Ejecutivo recuerda que la Ley por el Derecho a la Vivienda reconoce expresamente que cada comunidad autónoma puede decidir libremente si declara o no zonas de mercado residencial tensionado en función de las características de su territorio.
Sin embargo, el proyecto de Real Decreto reserva exclusivamente estas ayudas a las comunidades autónomas que han adoptado dicha declaración, dejando fuera a otras regiones que también afrontan problemas de acceso a la vivienda, necesidad de incrementar la oferta residencial o de ampliar su parque público.
Para el Gobierno cántabro, esta decisión carece de justificación objetiva porque las actuaciones financiadas son medidas ordinarias de política de vivienda que cualquier comunidad autónoma necesita desarrollar con independencia de haber declarado o no zonas tensionadas.
"Construir vivienda asequible, rehabilitar inmuebles, adquirir suelo o incrementar el parque público son necesidades que existen en toda España. Resulta imposible explicar a los ciudadanos por qué esas actuaciones merecen financiación estatal en unas comunidades autónomas y no en otras", ha afirmado.
Dudas sobre la eficacia de las zonas tensionadas
Las alegaciones presentadas por Cantabria también ponen de manifiesto que la eficacia de las zonas de mercado residencial tensionado sigue siendo objeto de controversia.
El Gobierno autonómico recuerda que distintos análisis técnicos, entre ellos el elaborado por la Universidad de Cantabria, apuntan a que la aplicación de estas medidas puede estar asociada a una significativa reducción de la oferta de vivienda en alquiler, sin que existan evidencias concluyentes de que hayan logrado contener los precios de manera efectiva.
"El problema de la vivienda no se resuelve generando incertidumbre ni reduciendo la oferta. Se resuelve construyendo más viviendas, movilizando suelo, ampliando el parque público y favoreciendo que haya más inmuebles disponibles para las familias."
Defensa de la igualdad de todos los españoles
El Gobierno de Cantabria considera especialmente grave que una norma que dice inspirarse en el principio constitucional de igualdad termine provocando diferencias en el acceso a recursos públicos entre ciudadanos de distintas comunidades autónomas.
En este sentido, el Ejecutivo autonómico rechaza que los fondos estatales puedan convertirse en mecanismos de presión política frente a las administraciones que ejercen legítimamente sus competencias.
"Los impuestos de los cántabros valen exactamente lo mismo que los impuestos de cualquier otro español. Por tanto, los ciudadanos de Cantabria tienen el mismo derecho a beneficiarse de las políticas estatales de vivienda que el resto de los españoles", ha expresado.
Media ha sido especialmente contundente al advertir que el Gobierno autonómico no permanecerá impasible ante una medida que considera lesiva para los intereses de la comunidad autónoma. "No vamos a aceptar que se utilice el dinero de todos para comprar adhesiones políticas o para penalizar a quienes no comparten una determinada visión ideológica de la vivienda."
"Cantabria tiene una política propia de vivienda, basada en criterios técnicos, seguridad jurídica y aumento de la oferta residencial. Y vamos a seguir desarrollándola sin imposiciones ni chantajes financieros."
Cantabria defenderá sus intereses en todas las instancias
El Ejecutivo autonómico ha anunciado que defenderá el principio de igualdad y el respeto a las competencias autonómicas por todos los cauces que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.
"Si el Gobierno de España pretende convertir los fondos públicos en un instrumento para doblegar la autonomía de las comunidades autónomas, encontrará a Cantabria enfrente. Defenderemos los intereses de nuestros ciudadanos en el ámbito administrativo, institucional y judicial porque la igualdad entre españoles no es negociable", ha asegurado.
"Lo que está en juego no son únicamente unos fondos. Lo que está en juego es un principio básico de nuestro Estado autonómico: que las comunidades autónomas puedan ejercer sus competencias libremente sin sufrir represalias económicas por ello."
El Gobierno de Cantabria reitera finalmente que las políticas de vivienda deben orientarse a resolver los problemas reales de los ciudadanos y no a premiar o castigar opciones políticas legítimas. Por ello, solicita la retirada de los criterios actualmente previstos en el proyecto de Real Decreto y su sustitución por un sistema de distribución basado exclusivamente en indicadores objetivos de necesidad, garantizando así la igualdad de oportunidades de todos los españoles con independencia del territorio en el que residan.
