Según publica hoy El Diario Montañés, en una noticia firmada por José Luis Sardina, la Audiencia Provincial de Cantabria ha acordado recientemente desestimar el recurso de apelación presentado por la Junta Vecinal de Bolmir contra el sobreseimiento y archivo de la causa abierta en su momento para averiguar si el anterior equipo de gobierno de Campoo de Enmedio (PSOE) y el administrador de la empresa ‘Recuperaciones Reical' habían cometido un delito de prevaricación, falsedad documental y contra el medio ambiente.
La jueza instructora, que eleva el fallo a definitivo, cierra así el ‘caso Reical'. En el auto, la jueza apunta que respecto de la actividad no autorizada por el Ayuntamiento ejercida por el denunciado, consta que se incoó expediente administrativo y se siguió el procedimiento contencioso administrativo, no existiendo indicios de que dicha actividad pusiera en peligro el medio ambiente. Tampoco existen, dice, indicios suficientes para imputar un delito de prevaricación administrativa.
Por lo expuesto, «no existiendo indicios de contravención de las normas urbanísticas como tampoco que la actividad desarrollada por la empresa del denunciado afectara a los intereses medioambientales», el juzgado ha procedido a desestimar el recurso de apelación.
El contencioso se originó en una denuncia presentada por la Junta Vecinal de Bolmir contra Recuperaciones Reical, que en 2004 había solicitado la licencia para la gestión de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, en su planta de esta localidad campurriana. Una vez llevado a cabo el estudio de impacto ambiental, el Gobierno de Cantabria decidió aprobar la actividad, respaldada por el gobierno local de Campoo de Enmedio, con el alcalde, Carmelo Hijosa, a la cabeza.
No obstante, la actividad empresarial no pudo comenzar porque la Junta Vecinal de Bolmir presentó alegaciones denunciando que la actividad se venía realizando sin las licencias y autorizaciones exigidas y acusando a la comisión de Obras Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio de no paralizar la actividad como medida cautelar «a sabiendas» de que se estaba realizando sin licencia y por no emprender un procedimiento sancionador.
Primera desestimación
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Reinosa ya acordó el 13 de septiembre de 2013 el "sobreseimiento provisional y el archivo de la causa" por la que estaban imputados el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio y el administrador de la empresa Recuperaciones Reical, al concluir que "no resulta debidamente justificada la perpetración de los delitos que han dado motivo a la formación de la causa".
La valoración de la CROTU
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), con fecha 2 de junio de 2014, acordó autorizar la solicitud de legalización de la solera de hormigón, promovida por Miguel Ángel Calderón Ruiz, en nombre y representación de Recaltrans, SL, votando en contra, por otro lado, de la báscula de pesado, la caseta de control y los depósitos aéreos que esta empresa tiene instalados en Bolmir, localidad del municipio de Campoo de Enmedio. Elementos que ordenó fueran retirados y que según ha podido saber Vive Campoo, aún siguen en funcionamiento.
