"Reinosa y Enmedio se complementan y necesitan el uno del otro, tanto a nivel administrativo como de prestación de servicios. Reinosa tiene servicios de los que Enmedio carece como policía municipal, piscinas, campo de fútbol, teatro, etc. y Enmedio tiene todas las posibilidades de expansión y crecimiento, tanto a nivel urbanístico residencial como a nivel industrial y potencial de desarrollo turístico". Este es el argumento utilizado el pasado jueves por el alcalde Pedro Manuel Martínez en el pleno de Campoo de Enmedio, y compartido por los grupos políticos PRC y PSOE, para aprobar por unanimidad la creación de una Comisión para Relaciones Intermunicipales.
Un órgano ‘diplomático' que contará con la representación de cinco ediles (el alcalde y dos concejales del PP, uno del PRC y uno del PSOE) para sentarse a negociar con Reinosa y dirimir cuestiones que afectan a ambos municipios.
En los próximos días, apuntaron desde Matamorosa, trasladarán oficialmente a Reinosa la constitución de esta comisión y propondrán la creación de "un grupo de trabajo conjunto" con la intención de analizar "las diferentes posibilidades de colaboración e integración", y el objetivo de "mejorar la calidad de vida de los vecinos de ambos municipios, prestar más y mejores servicios a menor coste y tomar las iniciativas oportunas para volver a la senda del crecimiento demográfico teniendo como base para ello la dotación industrial y las iniciativas de empleo".
La futura comisión, precisaron desde el ayuntamiento de Campoo de Enmedio, no se circunscribe únicamente a sus relaciones con Reinosa, sino que "puede extrapolarse a los demás municipios colindantes", pero su origen sí obedece al trato con los vecinos reinosanos, porque consideran que estos lazos "deben de institucionalizarse con la participación de todos los grupos políticos" de ambos municipios.
Ahora surgen los interrogantes. Según han informado desde Enmedio en repetidas ocasiones, su alcalde ya se ha reunido varias veces con todos los representantes de los diferentes partidos políticos de Reinosa (PRC, PP, PSOE y REC), incluido su homólogo José Miguel Barrio y, en un "clima de consenso", parece que todos han abrazado bien la iniciativa de sentarse en una mesa para hablar sobre los beneficios derivados de prestar servicios conjuntos.
Pero más allá del talante negociador de las partes implicadas, si se quieren sacar adelante acuerdos beneficiosos para los vecinos de ambos municipios, la cuestión va a estar en la cifra. Y es que el trueque de servicios tendrá siempre un coste económico. Bajo un principio de reciprocidad tendrán que abordar la situación de cuánto pones tú para que yo te preste algo. ¿Es ingenuo pensar que se podrá abrir una hucha común para sufragar servicios que, independientemente dónde vivan los ciudadanos, los disfruten por igual los vecinos de ambos municipios? Lo cierto es que mantener unas instalaciones, por citar el ejemplo recurrente de las piscinas municipales de Reinosa o el campo de fútbol, acarrea un coste elevado para la capital campurriana.
Reinosa y todo Campoo tienen un problema de población. A fecha 1 de enero de 2015 , según el INE, la población de la ciudad era de 9.605, son 918 vecinos menos que en 2005 y 199 menos que en 2014. Pero la de Campoo de Enmedio también ha caído, 187 vecinos menos en la última década y 15 en el último año. Esta tendencia se aplica a todos los municipios significativos de la comarca. Todos pierden. La demografía muestra una radiografía de una sociedad envejecida y no son tendencias fáciles de cambiar.
Desde la capital campurriana, que lo es a todos los efectos, están aplicando políticas que distinguen entre empadronados y no empadronados. Habría que cotejar si los precios de los servicios son una rebaja para sus vecinos o un precio con un canon mayor al ordinario para los residentes de fuera.
Varios grupos sostienen que se está cometiendo un "fraude" fruto de la "insolidaridad", porque en la ciudad vive un elevado número de personas que están empadronadas en otros municipios (pagar menores impuestos, tener servicios ‘gratuitos' o disfrutar de equipamientos a un precio menor como posibles motivos), y apelan al consumo energético en los hogares de la ciudad para demostrar que aquí viven más de los que están censados. Bastantes más, ya que han apuntado que podría haber hasta unas 2.000 personas.
La cuestión no es baladí, porque al caer de esos 10.000 habitantes y entrar en una categoría menor de población, reciben menores subvenciones pero en la práctica tienen que prestar los mismos servicios. En este sentido, las cuentas no le cuadran al ayuntamiento de la cabecera de la comarca porque son los que corren con los gastos de los servicios, pero también hay que aclarar que es donde se generan los ingresos.
¿Cuál es la política adecuada: premiar a los propios, castigar a los ajenos o seducir a todos para que contribuyan de manera conjunta a una salud más boyante de las arcas municipales? ¿Y los ciudadanos, no deberían contribuir en dónde viven? Interrogantes que se quieren poner sobre sobre la mesa y se irá viendo si con este tipo de órgano negociador, cuestionable si su creación conlleva un coste económico, el concepto de comarcalización y fusión de ayuntamientos, a día de hoy un brindis al sol, va recortando barreras y ampliando servicios.
