Enmedio gana el contencioso que tenía abierto con la Agencia Tributaria

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón al Ayuntamiento de Campoo de Enmedio en el contencioso que éste sostenía con la Agencia Tributaria por la devolución del importe íntegro de la subvención por obras ejecutadas con cargo al Plan-E en el año 2009, concretamente la "Mejora de alumbrado público en Bolmir y Nestares". Además, la sentencia impone las costas a la Administración General del Estado.

La decisión del Tribunal madrileño supone el respaldo a las tesis mantenidas desde el Ayuntamiento en relación con un asunto de una trascendencia económica importantísima, tanto para los vecinos como para las propias arcas municipales, que de esta forma se ven liberadas de una gran carga fiscal.

En palabras del alcalde, el popular Pedro Manuel Martínez, "este era el último escollo que faltaba de solventar para la presentación de unas cuentas y de un estado económico envidiable del Ayuntamiento a fecha de hoy. No hemos escatimado medios en argumentar una buena defensa, ya que nos jugábamos mucho. Hemos creado un grupo de trabajo formado por el letrado defensor, Abraham Fernández, la secretaria interventora, aparejadora municipal, el concejal de Obras y el propio alcalde, que después de valorar las diferentes opciones, hemos conseguido llevar el barco a buen puerto", ha manifestado Martínez.

Previamente, la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales había desestimado el recurso del Ayuntamiento en el cual se solicitaban la nulidad de las actuaciones, declarando la devolución íntegra del importe.

La Administración del Estado se amparaba en tres irregularidades en el acuerdo de reintegro. Las dos primeras corresponden a un incumplimiento en el plazo de adjudicación definitiva y a la tardanza en el abono de la última certificación emitida por la empresa adjudicataria. Frente a ello, el Consistorio campurriano manifestó que dichos incumplimientos fueron ajenos a su voluntad y que en todo caso dichos retrasos no originaron perjuicios a terceros. De esta forma se remitió al criterio de la Agencia Tributaria en un supuesto calificado de similar en otro informe de control anterior por otra obra del Plan-E inspeccionada y en el que la auditoria estatal consideraba que los incumplimientos formales no habían impedido que el beneficiario de la ayuda hubiera cumplido la finalidad para la cual iba destinada la misma.

Distinto ha sido el motivo de la tercera de las irregularidades detectadas por la auditoría estatal y que ha dado lugar a que el Ayuntamiento se querelle contra la empresa adjudicataria de las obras, Pia 2000 S.L.

"Hacienda apreció un incumplimiento grave por parte de la empresa adjudicataria en su compromiso de creación de empleo nuevo, ya que en la certificación que aportó al Ayuntamiento para la firma del contrato figuraban dos trabajadores que ya estaban contratados previamente, facilitando dos contratos diferentes con las mismas condiciones y datos de los trabajadores pero distintas fechas de contratación, que no coincidían con las verdaderas altas en Seguridad Social", explica el regidor de Campoo de Enmedio.

En este sentido, avanza el regidor, "el Ayuntamiento argumentó que la Administración Local carece de habilitación para acceder a los archivos de las Oficinas de Empleo o de la Tesorería General de la Seguridad Social por lo que se hace imposible la comprobación de la situación real del personal contratado por la empresa. Además, el Consistorio se remitió a un informe del Tribunal de Cuentas sobre Fiscalización de las contrataciones en relación al Plan-E, que avalaría su criterio respecto a esta cuestión".

En dicho informe, señala Martínez, "el Tribunal de Cuentas manifiesta que la normativa del Plan-E no establecía las consecuencias que tendría el incumplimiento de contratación de trabajadores procedentes del desempleo, siendo este motivo, aprecia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la sentencia, un incumplimiento del contrato por parte de la empresa adjudicataria con un alcance distinto y en vía judicial distinta, pero que en ningún caso puede generar para el Ayuntamiento el deber de reintegro. En otras palabras, que el Ayuntamiento no puede ser pagano de un incumplimiento llevado a cabo por parte de la empresa adjudicataria, aunque se trate de un incumplimiento grave como es el caso".

En relación a ello y en sintonía con la sentencia dictada, el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio se querelló contra la empresa adjudicataria, "por el incumplimiento de contrataciones de nuevo personal, y por lo tanto del contrato suscrito en el año 2009 con el Ayuntamiento, apreciado ya por la Agencia Tributaria en la auditoría como falta muy grave y en el cual la sentencia del tribunal madrileño no entra en el fondo del asunto por ser la vía penal la habilitada para ello".

Sobre este tema, y en vía penal, explica el regidor "ya se han instruido las diligencias previas, interesando el Fiscal la continuación de la causa por encontrar indicios de delito penal en el proceder del gerente de la empresa adjudicataria".