El delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, reunió en la Delegación del Gobierno a alcaldes, técnicos y policías locales de los Ayuntamientos cántabros para abordar la financiación que recibirán las entidades locales para aplicar las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la violencia de género y, además, informarles, de una guía de actuación común en casos de trata de personas y explotación sexual que se está elaborando "para acabar con esta lacra de nuestra sociedad".
Pablo Zuloaga hizo hincapié en la "total implicación" del Gobierno de Pedro Sánchez en la lucha contra la violencia de género y la importancia del Pacto de Estado, que dotará a las entidades locales de Cantabria con un total de 175.075,08 euros durante el año 2018. Insistió en la necesidad de "ponernos a trabajar todas las instituciones" para acabar con la violencia machista y recordó que en la última semana murieron varias mujeres y menores a manos de sus parejas y padres.
En el encuentro también participaron el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FCM), Pablo Diestro, y la jefa de la Unidad de Coordinación contra la violencia sobre la mujer, Consuelo Gutiérrez, que explicaron a los representantes municipales la manera de abordar la financiación de las políticas locales contra la violencia de género y el plan de actuación común contra la trata de personas y la explotación sexual.
En primer lugar, Consuelo Gutiérrez explicó el proceso de elaboración del Pacto de Estado contra la violencia de género, que parte de los estudios y ponencias que elaboraron por separado el Congreso y el Senado. Estos elaboraron una serie de propuestas y medidas que fueron abordadas en las mesas sectoriales y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), quienes a su vez encargaron al Gobierno la elaboración de una serie de medidas (de entre las remitidas por las cámaras) y que son las 292 que finalmente vienen contempladas en el Pacto de Estado, que se pondrán en marcha a lo largo de cinco años.
Financiación para los ayuntamientos
La aprobación del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, devolvió a los municipios la competencia en esta materia, indicando en qué medidas tienen competencias directas y dotándolos de financiación para poner en marcha las acciones correspondientes.
En concreto, para los municipios de Cantabria el Estado aportará a las entidades locales un total de 175.075,08 euros durante el año 2018, partida que se duplicará en 2019. Cada municipio recibirá una cantidad fija de 689 euros durante el año 2018, a la que habrá que sumar 0,18 euros por habitante. El remanente que exista tras el reparto (una vez sumadas estas dos cantidades) se distribuirá proporcionalmente entre todos los municipios incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género a fecha 1 de julio.
Por su parte, el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria y también alcalde de Reocín, Pablo Diestro, habló sobre qué destino puede tener la financiación a las entidades locales. Así, afirmó que el dinero se tiene que destinar a programas finalistas, es decir, dedicados "exclusivamente" a combatir la violencia de género.
Consuelo Guitérrez citó, entre otras propuestas, el desarrollo de campañas de prevención y concienciación que "pongan el foco en los agresores y aporten una imagen positiva de la mujer", que afirmen que se puede salir de la espiral de la violencia de género. También recordó que la Comisión 8 de Marzo se presta a maquetar cartelería para los consistorios y que las unidades de apoyo en el ámbito local también pueden recibir fondos.
Además habló de la necesidad de elaborar propuestas para mejorar el apoyo social, educativo, formativo y la inserción social de las víctimas, algo que "se podría hacer a través de las agencias de desarrollo local", e insistió en que "hay que perfeccionar" la asistencia, ayuda y protección a las víctimas y establecer comisiones de igualdad en los ayuntamientos.
Protocolo contra la trata de personas
Tras abordar la financiación que el Estado aporta a los Ayuntamientos para implantar las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, Pablo Zuloaga introdujo la necesidad de prevenir y perseguir la explotación sexual, explicando a los asistentes a la reunión que desde el pasado mes de julio se está elaborando en la Delegación del Gobierno una guía de actuación contra "esta lacra".
Así, Zuloaga insistió en que "ningún ayuntamiento se va a ver solo" en la lucha contra esta forma de violencia sobre la mujer, ya que la Delegación del Gobierno va a apoyarles con esta guía de actuación, en la que están implicados Inspección de Trabajo, Policía Nacional y Guardia Civil, que colaborarán con los consistorios y las distintas policías locales. Y recalcó que esta ayuda se podrá abordar de forma individualizada, promoviendo reuniones de coordinación con cada municipio que así lo solicite.
El delegado del Gobierno explicó que este protocolo se basa en el caso de éxito del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, en el que se logró clausurar la actividad de prostitución que se ejercía en dos viviendas del municipio. Zuloaga afirmó que este caso puede ayudar a otros municipios a "erradicar la prostitución" y que "todas las administraciones debemos colaborar y aportar nuestra experiencia" para elaborar un documento de actuación común que ponga fin a este problema que "altera la convivencia vecinal y atenta contra la dignidad y la libertad sexual de la mujer".
Por su parte, Consuelo Gutiérrez puso énfasis "las mujeres son víctimas de la explotación sexual porque parten de una desigualdad de oportunidades, lo que se debe combatir con educación, formación y facilitando la inserción social y laboral de las víctimas".
También explicó la línea estratégica dedicada a la lucha contra la explotación sexual de la mujer, con una guía con procedimientos que desde la administración municipal se pueden llevar a cabo para aumentar las inspecciones y el control de los lugares en donde se ejerce la prostitución, tanto lugares con actividades declaradas como viviendas particulares.
Encuentro con colectivos
Esta reunión con los ayuntamientos de Cantabria siguió a otra celebrada unos días antes con los colectivos y asociaciones que trabajan en la prevención y erradicación de la trata de personas y la atención a las víctimas, coincidiendo con la celebración el pasado 23 de septiembre del Día Mundial contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Para conmemorar ese día, la Delegación del Gobierno se sumó a la Campaña estatal 'No inviertas en sufrimiento desplegando una pancarta en su fachada principal en la que se incluía el hashtag con el que se difundió en redes sociales: #contralatratademujeresTOMACONCIENCIA.
A este encuentro, celebrado también en la Delegación del Gobierno, asistieron Mª Luz Martín, de Cruz Roja; Joaquín Royo, de APLEC; Marisol Payá, de Red Cántabra contra la Trata; y Julio David García, Mª Lourdes Jiménez, Esther Ocejo y Jennifer, de Asociación Nueva Vida.
El delegado del Gobierno trasladó a estos colectivos la intención de buscar espacios de participación, colaboración y coordinación y agradecerles la labor que ya desde hace años desarrollan en la lucha contra la explotación sexual. Así, recordó que el Gobierno de España aprobó el plan integral contra la Trata de Mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018, estableciendo cinco prioridades entre las que se encuentra la coordinación y cooperación entre instituciones y participación de la sociedad civil, puesto que las organizaciones especializadas realizan "una importante labor" de acercamiento, detección y asistencia a las posibles víctimas, así como de sensibilización al resto de la sociedad.
