Bernardo García González es el vicepresidente de Ecologistas en Acción en Cantabria, una confederación constituida en 1997, compuesta por más de trescientos grupos ecologistas, y que en nuestra región cuenta con unos doscientos socios. Se encuadran dentro del ecologismo social, que entiende que los problemas del medio ambiente tienen su origen en un modelo de producción y consumo cada vez más globalizado, del que derivan también otros problemas sociales, y que hay que transformar si se quiere evitar la crisis ecológica.
En el ámbito local, Bernardo denuncia las malas prácticas y la impunidad de las empresas para incumplir la legislación medioambiental "con el consentimiento de la Administración". El ecologista se muestra claro, no titubea. Pone nombre y apellidos a los "culpables" y aporta su visión para corregir situaciones que considera "ilegales".
Habla de despropósitos y sinsentidos, de intereses ocultos y negligencias. Señala fábricas y empresas de nuestra comarca y lamenta diagnósticos erróneos y decisiones equivocadas. Advierte de la proliferación de canteras, de las "mafias" que gestionan los residuos o del verdadero problema del Híjar. También nos explica por qué lo llaman planta de reciclaje cuando quieren decir vertedero.
-¿Cuáles son los principales problemas ambientales de Campoo?
-Ahora mismo tenemos un problema muy grave en materia de residuos industriales. Uno de los más preocupantes es que el sur de Cantabria se está convirtiendo en un polo de atracción para todo tipo de residuos, sobre todo de tipo industrial. Se ha aprobado un proyecto de una planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición en Celada Marlantes. En principio, una planta no está mal, se justificaría para todo el sur de Cantabria, pero lo que no tiene ninguna razón de ser es un vertedero. Y no es una opinión nuestra, emana del propio gobierno de Cantabria, que es quien lo autoriza.
Para que un vertedero sea viable tienen que garantizarse unos mínimos de tratamiento de residuos. En base a los criterios de la consejería de Medio Ambiente y el Plan de Residuos de Construcción de Cantabria, un vertedero es útil para gestionar 200 mil toneladas de residuos, pero la realidad es que en nuestra zona se generan anualmente menos de 30 mil toneladas, haciendo una estimación muy generosa. 
-¿Cuál es la diferencia entre las plantas de reciclaje, que es de las que hablan los políticos, y los vertederos que denuncian los ecologistas?
-A una planta se llevan los residuos de demolición y construcción para clasificar, separar y después para hacer un árido que se pueda reutilizar en construcción. Hablamos de unos rendimientos de recuperación de esos residuos entre el 80 y el 85 por ciento. De ahí, lo que me sobra -el rechazo- irá destinado al vertedero, porque no tiene utilidad ni aprovechamiento en ningún sector productivo.
Entonces, para Cantabria, norte de Burgos y Palencia por población y analizando los ratios de generación de residuos por habitante y año, nos encontramos con que se podrán tratar unas 25 mil toneladas, estimación en función de la población y la actividad. Pero resulta que el de Celada Marlantes, en Campoo de Enmedio, esté pensado para gestionar 200 mil toneladas. Algo no cuadra. Evidentemente es un vertedero, pero se le ha vestido con el fin de gestionar residuos de demolición y construcción, y evidentemente la intención última es reconvertirlo para gestionar residuos industriales el día de mañana. Luego se pedirá una solicitud de ampliación de residuos para meter escorias, etc. Y así es como la planta de reciclaje se convierte con el tiempo en un vertedero.
Por otra parte, la Directiva Marco de Residuos establece que no se puede instalar un vertedero si dentro del Plan Regional no se contempla la necesidad de ubicarlo en esa comarca. Necesidad que decide el Gobierno regional en el Plan de residuos industriales, mineros y de construcción, y que no contempla ningún vertedero en la zona de Reinosa. Además la lógica dicta que sea así, porque cuando haces un plan de este tipo analizas el volumen de residuos, luego identificas las fuentes donde se generan, que en el caso de Cantabria es en la zona costera principalmente.
Además, para que la gestión de estos residuos sea eficiente para la empresa, se estima que hay un límite entre los 30 o 35 kilómetros para transportar los residuos. A mayor desplazamiento su tratamiento resulta ruinoso para las empresas, simplemente a efectos de logística. No tiene ninguna lógica que se ubique tan alejado de donde se producen. En el supuesto de construir un vertedero, debe estar en el lugar donde se generen esos residuos.
-El proyecto de Celada Marlantes no es el único caso.
-Por otra parte, está el caso de Granja Munilla, en Valderredible y el límite con Aguilar de Campoo. Mucho más escandaloso y grave porque estaba proyectado para una capacidad de 350 mil toneladas inicialmente y ahora ha bajado a unas 250 mil toneladas. Pero de esa cantidad, está pensado destinar 200 mil toneladas para gestionar residuos estabilizados. Por hacer una clasificación simple, los residuos se pueden dividir en peligrosos, no peligrosos e inertes. Los estabilizados son residuos peligrosos que a través de un tratamiento físico-químico se convierten en no peligrosos. Digamos que pasan de tener un riesgo elevado a un riesgo intermedio. Dicen que no son peligrosos, pero en cierto modo sí lo son.
Se estima que en Cantabria se generan del orden de unas 50 mil toneladas de residuos peligrosos, luego, ¿qué pinta una planta para 250 mil toneladas en el sur de nuestra región, alejada de todos los polos químicos e industriales? Por otra parte, en Cantabria se están gestionando el doble de residuos peligrosos de los que se producen en la región, y provienen de otras comunidades autónomas.
Lo sustancial del proyecto de Granja Munilla es el vertedero. Sí se recicla, pero es una parte mínima. El alcalde de Valderredible no miente, pero tampoco dice la verdad. El meollo del negocio es el vertedero. La única justificación es que han buscado una zona deprimida económica y socialmente, con poca población, donde va a tener menos rechazo social. Esa es la única causa. Un auténtico disparate que no tiene ningún sentido, cuando Cantabria tiene cubiertas las necesidades para residuos peligrosos con el vertedero de Monte Cardeña -en la zona de Castañeda- inaugurado hace poco más de un año, con una vida útil programada para unos 25 años, y en el que además no están entrando residuos. Está diseñado y dimensionado para esa capacidad, por eso no hay necesidad de más plantas de tratamiento ni eliminación de residuos, y ni siquiera está siendo utilizada porque esos residuos industriales se están vertiendo de forma incontrolada por cualquier zona.
-¿En dónde?
-Te puedo decir que en Revilla de Camargo, en una antigua cantera de Emilio Bolado, hay vertidos más de medio millón de toneladas de escorias fundamentalmente provenientes de la empresa Global Steel, actuando de intermediación la empresa Codefer S.L. Medio millón de toneladas depositadas allí sin respetar la legislación ambiental de residuos, burlando los supuestos niveles de inspección de control de la Consejería de Medio Ambiente, que supuestamente no se ha enterado. Es una ironía terrible, la empresa los ha tirado porque la Consejería lo ha consentido.
En este caso concreto, la cantera se encuentra en suspensión de pagos y ahora mismo llevarlo a Monte Cardeña costaría más de 12 millones de euros. ¿De quién es ahora la titularidad de esos residuos? ese es el problema ahora. Si yo genero 500 mil toneladas de residuos peligrosos y las tiro libremente, ahorro dinero. Eso sí, a costa de la sociedad. El negocio de la gestión de residuos es un sector con tintes mafiosos.
-Han sido especialmente beligerantes contra la empresa Alfa de Mataporquera por los permisos que ha obtenido para incinerar residuos.
-Desde Ecologistas en Acción creemos que es una actividad con riesgos ambientales. Hay alternativas de gestión en la mayoría de los casos y no pasan necesariamente por esa solución. Recientemente, vecinos de Mataporquera se han puesto en contacto con nosotros para mostrar las brutales deposiciones de polvo que hay en el pueblo.
Alfa en Mataporquera obtiene en 2006 una autorización para quemar del orden de unas 12 mil toneladas de residuos peligros, y de forma fraudulenta, porque nunca se ha hecho una valoración global de las necesidades, y se ha tramitado siempre por un procedimiento abreviado al considerarlo no sustancial. Al menos, se tenía que haber hecho una revisión una vez, pero han conseguido hacer hasta 17 modificaciones en los permisos, gracias a las cuales ahora tiene concedidas más de 100 toneladas para incinerar. Y en realidad, para hacer lo que hacen actualmente, necesitarían otra serie de autorizaciones. No han pasado por un procedimiento reglado ni una revisión de la autorización ambiental integrada.
Sin ir más lejos, el año pasado han quemado unas 20 mil toneladas. El negocio radica en varios puntos: el ahorro del combustible y en materias primas; la gestión de residuos, no solo no pagan por ellos, sino que cuanto más peligrosos son más cobran por incinerar los residuos; y el comercio de emisiones de CO2. En 2009 cobraron 1'5 millones de euros por venta de derechos de emisión, solo por detrás de Solvay, que a su vez fueron concedidos gratuitamente por el Estado.
El cemento es una parte importante de sus ingresos, pero cada vez lo será menos. La gestión de residuos en Alfa es una parte muy sustanciosa y lucrativa. Alfa ahora mismo puede incinerar de todo, se ha hecho de manera fraudulenta y lo digo con conocimiento de causa.
-¿Qué ocurre con la cantera de Matarrepudio?
-Ecologista en Acción y la Junta Vecinal de Matarrepudio hemos denunciado el vertido sin control ni medidas preventivas que se ha realizado en la antigua cantera Ofitas del Valdeolea. La empresa está en suspensión de pagos, y hace dos años se han depositado 6 mil toneladas de arenas de moldería procedentes de la Nissan Motor Ibérica de Los Corrales de Buelna. Se han llevado de forma fraudulenta, almacenada ilegalmente, y no se ha abierto ningún expediente sancionador a quien lo ha hecho ni se le ha requerido que lo quite de ahí. No solo es ilegal, sino que también se ha hecho con impunidad y con el consentimiento de Medio Ambiente.
-Denuncian constantemente la impunidad con la que actúan las empresas, ¿qué papel considera que está realizando el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Cantabria?
-En materia medioambiental la Administración de Cantabria y el Estado están haciendo una revisión de toda la legislación ambiental a la baja. Gran parte de la legislación que tenemos emana de directivas europeas y un estado miembro de la Unión no puede modificarlas. Entonces en España se hace la vista gorda, cuando hay multitud de vulneraciones de la legislación y se mira hacia otra parte.
La Administración y la dirección general de Medio Ambiente están mirando para otro lado y está dejando que se vulnére la legislación en materia medioambiental. La filosofía que no declaran pero subyace es: estamos en crisis, no podemos apretar a las empresas, y una forma de ganar competitividad por parte de estas es eximirlas del cumplimiento de sus obligaciones ambientales.
-Últimamente asistimos a un auge para la solicitud de permisos de canteras, ¿cuál considera que es el motivo?
- En principio, parece que este interés por explotar las canteras es tener la concesión y luego negociar con ella porque como negocio, aparentemente, no tiene mucho sentido. La proliferación de canteras es un fenómeno curioso, sobre todo en el momento actual en el que la construcción y la obra pública han caído tanto. Hay proyectos por todas partes: Villacantid, Izara, Cervatos, el Salceral en Matamorosa o dos en Pozazal. En el caso de las dos primeras ya ha habido una declaración de impacto negativa, por lo cual se caen de la lista. El permiso de Cervatos está congelado a la espera de otros informes, el de Matamorosa está en tramitación del permiso de explotación que tenía, y las de Pozazal ya se verá. Todas ellas jalonan la autovía en la entrada meridional de Cantabria. Independiente de cualquier otro aspecto, los visitantes irían viendo a su paso por esta zona todas la canteras, los ‘bocados' en las rocas y los vertederos. Una tarjeta de visita nada agradable que para nada fomenta el turismo.
-¿Es la vegetación el problema del río Híjar?
-Ahora mismo los vecinos están preocupados por el riesgo de inundación del río Híjar a su paso por Reinosa y también por Requejo. Un riesgo que es real, pero el problema reside en que el diagnóstico del riesgo está equivocado, y la vegetación no es el problema de las inundaciones.
Desde 2007 hay un proyecto del Parque Fluvial del río Híjar y el Ebro, con una dotación presupuestaria de cinco millones de euros, que no se ha puesto en marcha y es más que probable que no se materialice.
Los vecinos ven que la vegetación ha colonizado la ribera del río, pero ese no es el origen del problema. El estudio de proyecto enumera una serie de factores para llegar a la situación actual: la salvaje canalización del río en 1984 de Villacantid a Reinosa; las motas (defensas colocadas para evitar el desbordamiento y encajonar el río) que han reducido su zona de inundación, lo cual genera que se 'coma' las orillas y que pase con gran fuerza arrastrando muchos sedimentos; y la otra, que afecta a la Avenida Naval y es una completa aberración, fue cuando se rellenó el cauce del río con escorias de La Naval, que lo han estrangulado, y en la confluencia del Híjar con el Ebro, en la zona de Vista Alegre, el primero baja con más agua y entonces el Ebro queda retenido y por eso se anega el ‘Campo Colorado'.
Habría que retirar esas motas de defensa a la altura de Matamorosa, también los áridos de los dominios públicos donde están las antiguas plantas de las canteras, y hacer una zona de inundación para evitar que discurra con tanta fuerza en su llegada al casco urbano de Reinosa. En el barrio de Sorribero hay que retirar mucha tierra de la margen izquierda para ensanchar el cauce, pero lo que no contempla este estudio y, de hecho, lo considera contraindicado, es la retirada de la vegetación.
El riesgo real no es la vegetación. Ya se hizo en 2006 un dragado y una reducción brutal de la vegetación y el problema sigue siendo el mismo. Además, el Ayuntamiento cedió para el parque fluvial los terrenos de inundación de la Avenida Naval, en los que la Confederación Hidrográfica del Ebro iba a retirar mínimo unos 20.000 metros cúbicos de tierra y ensanchar el cauce, precisamente para reducir el riesgo de inundaciones, pero resulta que con el famoso Plan E se optó por poner unas pistas deportivas y un circuito de gimnasia en su lugar.
El proyecto del Parque Fluvial lo desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente a través de la CHE, es un proyecto aprobado, pero de entrada no se va a ejecutar, porque el dinero destinado a este proyecto a saber dónde ha ido a parar.
El problema es que hay que hacer esa obra. A pesar de toda esa maleza, ese no es el riesgo, pero la percepción de peligro que tienen los ciudadanos es seria, y con razón. Además, están los rellenos de la margen derecha del polígono de La Vega, donde se ha reducido el cauce considerablemente, y la cota de nivel del polígono está más alta que la cota residencial en la Avenida Naval, con lo cual, si hay un desbordamiento el agua irá a la zona más baja. Lo que los vecinos deben hacer es exigir que se tomen medidas reales.
Lo más sencillo en meter una pala y arrancar la naturaleza, pero eso no solucionará el problema. En cuanto a la vegetación, se puede hacer una limpieza selectiva, una cuestión más estética. Se está presionando para eliminar esa vegetación del río y no cambiará sustancialmente en nada. Me reitero en que la solución es la ejecución del Parque Fluvial. Tiene que implicarse la CHE, Medio Ambiente y los ayuntamientos afectados porque el problema fundamental viene de aguas arriba.
-¿Cree en la apuesta del Gobierno regional oponiéndose públicamente al fracking?
-Creo que la determinación del gobierno de Cantabria en estos momentos es real. Lo que ocurra en un futuro no lo sé, pero a día de hoy creo que es sincera. Otra cosa es la norma actual. Las carencias que tiene esta ley. Una prohibición de carácter genérico, como es esta ley, choca contra la legislación básica de hidrocarburos del Gobierno central y prevalecerá esta de interés general.
Por otra parte, lo que sí da margen es que el Gobierno de Cantabria, vía Ordenación del Territorio, tiene instrumentos para hacer un condicionado para que en la práctica se haga inviable su explotación en la región. No con una prohibición genérica, pero llegará un momento en que no tengan posibilidad de colocar una torre en ningún sitio. De todas formas, se aguantaría mejor si el Gobierno regional tuviese un ‘plan B' mejor armado para evitar el uso de esta técnica.
-¿Qué opinión le merece esa idea sobre los ecologistas que son en su mayoría gente que trabaja en la administración, que vive en la ciudad y que su contacto con la naturaleza y el mundo rural solo se produce los fines de semana?
-Desde el movimiento ecologista se habrán cometido errores seguro, pero en la práctica creo que las propuestas han sido siempre muy meditadas y argumentadas. A veces son posturas complejas, difíciles de explicar y en ocasiones chocamos contra la inercia de muchos años de tradiciones. Reconozco que ha habido algún desencuentro en el cual nosotros tampoco somos completamente inocentes, alguna responsabilidad hemos tenido, pero en general creo que las propuestas surgidas desde el movimiento ecologista han sido razonables.
Por citar algún ejemplo, vemos como ahora se ha demostrado el despropósito que ha sido la construcción de tantos aeropuertos, líneas de alta velocidad y una barbaridad de kilómetros de autopistas. No se trata de que saquemos pecho, pero sí lo advertimos en su momento, y de alguna manera lo anticipamos, y es porque hemos ido cargados de razones en nuestras reivindicaciones. Lamentablemente, el tiempo nos está dando la razón en muchas cosas.
En cuanto a que somos acomodados...no entro en la situación de cada persona, ni pretendo que nadie lo reconozca o no, pero siempre hemos actuado de buena fe y no por hacer daño a nadie. Exceptuando alguna salvedad, no se han producido escándalos, entre otras cosas porque no vivimos de la ecología, esos son ‘habas contadas'. La gran mayoría somos gente bienintencionada, que dedicamos nuestro tiempo, esfuerzo y dinero de nuestro bolsillo para hacer algo en lo que creemos.
-A pesar de defender el medio ambiente, tradicionalmente el movimiento ecologista ha chocado con el mundo rural.
-No creo que haya tantas diferencias entre lo que queremos ambos. Si es cierto que en el asunto del lobo algunos ganaderos persiguen su erradicación y nosotros creemos que debe haber una gestión y un control de su población, pero no hay ni un censo ni un plan para autorizar batidas. Diría que ese el punto más conflictivo.
Sin embargo, en otras situaciones hay total afinidad: con el fracking, en materia de la Política Agraria Común (PAC), sobre todo con determinados sindicatos como UGAM-COAG, porque defendemos un medio rural vivo y un modelo de explotación como es la ganadería extensiva, fundamental para la conservación de los espacios naturales en este momento.
Sí hay temas puntuales en los que puede que no opinemos igual. Otra cosa es que se magnifique. Hay gente en el medio rural que nos tiene entre miedo y odio, pero creo que más bien es por desconocimiento. Tal vez esta confrontación sea un poco culpa de ambas partes, pero tenemos más causas comunes para defender que diferencias que nos enfrenten.
