Cuando la razón no nos acompaña, ésta suele sucumbir a la visceralidad, y de ahí muchas veces se pasa a la falta de educación y respeto. Algo de lo cual ha sido un buen compendio lo ocurrido en el último Pleno del Ayuntamiento (leer transcripción audio).
Pero lo peor de todo ello ha sido el cúmulo de irregularidades en el funcionamiento del mismo, saltándose preceptos básicos y fundamentales del Reglamento de Funcionamiento, que invalidarán muchos de los acuerdos adoptados. En concreto, lo más grave fue el alegato del Alcalde contra una "ley injusta" (la Constitución), con una declaración de insumisión en la que integraba a su grupo político y animaba a sumarse a la ciudadanía de Reinosa. Lo sucedido es de extrema gravedad, aún cuando luego matizase sus palabras, pues a continuación votaba a favor de una propuesta que reconoce ilegal, lo cual pudiera ser constitutivo de un delito de prevaricación.
El motivo no era otro que el debate sobre la discriminación de tasas entre empadronados y no empadronados. Esta medida se adoptó en 2008 para intentar evitar la pérdida de empadronamientos y atajar el posible fraude. Pero tuvo un resultado exiguo en el corto plazo y nulo en el medio, para a la larga ser contraproducente al imponer otros ayuntamientos medidas similares de discriminación.
Pero además de ineficaz, la discriminación perjudica a todos, también a los reinosanos. Los argumentos a favor de esta medida se vuelven contra el Alcalde cuando pone como ejemplo el coste que supone para los vecinos de Reinosa el mantenimiento de las piscinas, cifrado en 300.000 euros al año. Partiendo del hecho que esos costes son prácticamente fijos, sin embargo los ingresos se redujeron al menos un 30% a partir de la discriminación. Por lo tanto el perjuicio económico fue también para el bolsillo de los reinosanos al incrementar significativamente el déficit de explotación.
No obstante estamos de acuerdo en que hay que tomar medidas para luchar contra malas prácticas en los empadronamientos. Pero estas medidas tienen que penalizar y disuadir a los infractores, no castigar indiscriminadamente también a nuestros vecinos y visitantes; en especial a aquellos reinosanos que forzosamente residen fuera o personas que desempañan su trabajo aquí aunque no residan. Las medidas, en resumen, tienen que ser legales, proporcionadas y selectivas, además de eficientes. Circunstancias que no concurren en ningún caso con la discriminación.
El padrón es fundamental para la dotación de servicios e infraestructuras y financiación del Ayuntamiento, por ello Reinosa en Común entiende no puede haber resignación ni impunidad con las prácticas insolidarias de aquellas personas que residiendo habitualmente en Reinosa están censadas en otros ayuntamientos. Nuestra alternativa es introducir modificaciones en las tasas del abastecimiento del agua para que las tarifas se eleven progresivamente en función del incremento del consumo por persona. Progresión que ya existe por abonado, pero indistintamente del número de personas que existen en el hogar. La novedad que proponemos es cruzar datos con el padrón municipal de forma que por ejemplo: si no hay nadie censado y en realidad viven una o más personas, se producirá unos consumos desproporcionados a esa realidad que penalizará sustancialmente a los residentes en esta situación.
Reinosa en Común (REC)
Reinosa, 26 de noviembre de 2015
