Podemos Cantabria ha solicitado que la nueva Ley de Régimen Jurídico de la Administración y del Sector Público Institucional de Cantabria incluya la creación de un Consejo de supervisión continua para mejorar la eficacia, control y transparencia de las sociedades públicas y fundaciones. Además, los grupos parlamentarios formarán parte del Consejo, lo que facilitará la función del control al Gobierno.
Esta medida forma parte de las 56 enmiendas al proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Gobierno autonómico que ha presentado esta mañana el diputado Alberto Bolado, con el objetivo de mejorar unas de las normas más importantes para la población cántabra ya que regula las relaciones con la administración, el procedimiento administrativo y el régimen jurídico del Gobierno.
Además de esta enmienda, Podemos demanda la tutela y adscripción de las sociedades públicas sea siempre a una consejería que guarde relación directa con su objeto social, lo que evitaría que se vuelvan a dar situaciones como la de Sodercán, adscrita a Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social en vez de a Industria.
También se solicita que la Administración pública priorice los recursos propios para la prestación de servicios a la ciudadanía. Bolado ha recordado que "es fundamental mejorar su regulación frente al excesivo recurso a la contratación pública que acaba dejando los servicios en manos de las empresas con la consiguiente pérdida de eficiencia, y en ocasiones incluso merma en la calidad de los mismos".
Igualmente, se ha pedido que el nombramiento de los directores generales no esté limitado a funcionarios de carreras, sino a cualquier persona que garantice su cualificación y experiencia para ostentar dicho cargo. Además, se introduce la obligación de que el Gobierno informe al Parlamento para facilitar el control del Ejecutivo en relación a la idoneidad de dichos nombramientos.
Podemos también ha introducido una modificación que garantice la correcta atención de las personas con discapacidad por parte de la administración, blindando la accesibilidad universal como derecho para la ciudadanía. Según ha explicado esta mañana el diputado Alberto Bolado "si no queremos que la accesibilidad universal consagrada en la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad siga siendo papel mojado pese a que el pasado 4 de diciembre de 2017 venció el último de los plazos establecidos por nuestro ordenamiento para garantizar la accesibilidad como derecho efectivo, es imprescindible una mejor especificación de las obligaciones de la administración en materia de accesibilidad universal e igualdad de recursos y oportunidades de todos los ciudadanos independientemente de sus capacidades diferentes, dado que cualquier ciudadano de Cantabria puede requerir de estos servicios en cualquier momento de su vida y además constituye una obligación legal permanentemente desoída".
Igualmente, la formación morada ha reducido, vía enmienda, el número de procedimientos administrativos que se van a resolver por silencio administrativo. Actualmente, según señala Bolado, el proyecto de ley contempla alrededor de 184 supuestos que propiciar que si un administrado solicita algo a la administración y ésta incumple su labor de resolver y de contestar al ciudadano, "no pase nada, lo que nos parece totalmente injusto además de que esta situación genera una grave inseguridad jurídica y es perjudicial en muchos casos para el dinamismo económico y la generación de riqueza".
Podemos ha pedido también que la persona que sea elegida como vicepresidenta de Cantabria ostente la condición de diputado, al igual que el presidente. Para la formación morada esta medida es necesaria porque el vicepresidente tiene la facultad de sustituir al presidente. "Sustraer esa cualidad implica que alguien ajeno al Parlamento, al que no han elegido los ciudadanos de Cantabria, podría dirigir la política de la Comunidad Autónoma temporalmente".
