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Actualidad | Campoo de Enmedio

El equipo de Gobierno se querellará contra PIA 2.000 por un presunto delito de falsedad documental

El equipo de Gobierno se querellará contra PIA 2.000 por un presunto delito de falsedad documental

Hacienda reclama al Ayuntamiento 200.000 euros por irregularidades en la contratación para las obras del Plan E y no generar empleo

El pleno municipal de Campoo de Enmedio acordó ayer presentar una querella contra la empresa que les presta el servicio de mantenimiento de iluminación, PIA 2.000, por un presunto de delito de falsedad documental. La propuesta, que salió adelante con los votos favorables del grupo popular y con los votos en contra del PSOE y el PRC, fue presentada por el equipo de Gobierno y como indicó el alcalde de Campoo de Enmedio, Pedro Manuel Martínez, se basa en un dictamen jurídico encargado a un abogado contratado por el Ayuntamiento, en el que se aprecian irregularidades en la contratación de dos trabajadores para las obras de 'Mejora de alumbrado público en Bolmir y Nestares'.

En este sentido, el dictamen jurídico recoge el informe emitido por el director del Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Nacionales, que acuerda por la Intervención Regional iniciar expediente en contra del Ayuntamiento para reintegrar la ayuda más intereses, es decir, 201.695 euros, "por no haber generado empleo la empresa adjudicataria de la obra, después de que Intervención Regional constatara que los contratos presentados eran "documentos falsos", ya que esos dos trabajadores habían sido previamente contratados a la fecha que correspondía, es decir, el 1 de junio de 2009, cuando en realidad estaban dados de alta desde el 2 de marzo del 2009, tal y como consta en el informe emitido por el director de Control Financiero.

Reacciones.

Pedro Manuel Martínez señaló que ante esta resolución, "firme por vía administrativa", para que el Consistorio devuelva esos más de 200.000 euros, el Ayuntamiento interpondrá un recurso contencioso-administrativo. Aun así, acordaron en el pleno la aprobación para reingresar la cuantía -en un primer momento y a la espera del contencioso-, mediante un fraccionamiento del pago de la subvención, en nueve plazos, porque consideraron si finalmente dan la razón a Hacienda, de esta forma no tendrían que hacer frente a más intereses.

En cuanto a la situación contractual entre el Ayuntamiento y la empresa, el teniente de Alcalde Moisés Balbás, indicó que "no sería coherente" mantener relaciones comerciales con la empresa contra la que se van a querellar, y por tanto, acordaron en la sesión -con los votos a favor del PP y en contra del PSOE y el PRC- el cese inmediato de todo tipo de servicios con PIA 2.000.

Por otra parte, el actual equipo de Gobierno subrayó que en ningún momento dudó de las intenciones del anterior alcalde y su corporación, y los tres grupos políticos y técnicos municipales coincidieron en que nadie tenía acceso a esos datos de la Seguridad Social para saber en qué situación laboral se encontraban los trabajadores contratados para la polémica obra.

Tanto el PSOE y el PRC, que se abstuvieron en la votación para comenzar a ingresar el pago fraccionado, y se posicionaron en contra de ejercer medidas legales contra la empresa y romper relaciones contractuales con la misma, coincidieron en que era mejor solución esperar a que se resuelva el contencioso y que en caso de que el Ayuntamiento no tengo la razón, "tiempo habrá de ir contra la empresa".

Como réplica, Moisés Balbás, que calificó de "perjuicio gravísimo" esta situación, pues matizó que la cuantía a devolver supone el 10 por ciento del presupuesto municipal de todo un año, se mostró partidario de "tomar cartas en el asunto con la mayor urgencia posible" y se remitió al dictamen jurídico y a seguir la línea del abogado contratado.

Antecedentes.

El dictamen jurídico encargado por el equipo de Gobierno para ejercer acciones legales contra la empresa recoge que el 28 de mayo de 2009 se adjudica definitivamente la obra de mejora de alumbrado público en Bolmir y Nestares, presupuestada en 155.549 euros con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local (F.E.I.L.) -conocido popularmente como Plan E-, a la empresa PIA 2.000. Asimismo, indica que una de las obligaciones de esta subvención para la empresa adjudicataria consiste en "contratar para la ejecución de las obras a dos personas en situación de desempleo", trámite que se formaliza el 1 de junio de 2009.

Pero el 22 de agosto de 2012, el director del Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Nacionales acuerda iniciar Expediente contra el ayuntamiento de Campoo de Enmedio para el reintegro más intereses de la ayuda percibida, porque considera que la empresa adjudicataria "no ha generado empleo, toda vez que fruto de la minuciosa actividad inspectora llevada a cabo por Intervención Regional se pudo constatar que los contratos de trabajo que datan del 1 de junio de 2009, presentados en la misma fecha por el representante legal de la empresa, eran documentos falsos, toda vez que los dos trabajadores cuya nueva contratación se ponía de manifiesto en dichos contratos ya había sido previamente contratados por aquella mercantil, concretamente en fecha de 2 de marzo de 2009, conforme así consta expresamente recogido en el Informe emitido por el Director de Control Financiero".

En cuanto al reingreso que tienen que hacer el Consistorio, el dictamen prosigue que en la resolución dictada el 20 de junio de 2013 por el director general de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, "se declaró la existencia de un saldo a favor del Tesoro Público por importe de 184.852 euros más intereses de demora en contra del Ayuntamiento". Es decir, el montante mencionado anteriormente de 201.695'80 euros.

Consideraciones del dictamen jurídico.

El dictamen jurídico encargado por el equipo de Gobierno recoge que "el representante legal de PIA 2.000 aportó al Expediente dos contratos de trabajo con la finalidad de justificar a través de un modo ilícito y mediante engaño, la existencia de contratación nueva con personal desempleado, cuando lo cierto es que dichos trabajadores ya habían sido previamente contratados por dicha mercantil, concretamente en fecha 2 de marzo de 2009".

Asimismo, apunta que "el representante legal de la empresa no solo ha incumplido el Pliego de Prescripciones Administrativas y Técnicas regidoras de la adjudicación del contrato de obra suscrito con el Ayuntamiento, sino que para la consecución de la contratación ha empleado y aportado al Ayuntamiento documentos que faltan a la verdad , causando al Ayuntamiento engaño bastante con la única finalidad de adjudicarse la obra en beneficio e interés propio y causando prejuicio al interés general y , particularmente, al resto de las personas que participaron en el procedimiento negociado para la adjudicación de la obra".

Acciones legales.

Por último, dicho informe establece varias conclusiones para tomar medidas legales contra la empresa eléctrica. En este sentido, considera que "la conducta llevada a cabo en el procedimiento de Adjudicación de la obra 'Mejora de alumbrado público en Bolmir y Nestares' por el representante legal de la mercantil PIA 2.000 S.L., se presenta como conducta siquiera indiciara y presuntamente delictiva, merecedora de reproche penal, y como quiera que una futura condena penal supondría establecer y fijar las responsabilidades civiles en que viniese obligado a satisfacer el condenado en Sentencia".

Y también aconseja "formular querella criminal frente al representante legal de la empresa, sin perjuicio de las acciones que a resultas del procedimiento contencioso-administrativo y procedimiento penal, pudieren corresponder en un futuro al Ayuntamiento frente al representante legal de la empresa y la mercantil".