La Comisión de Administración Local ha dado su visto bueno al borrador del decreto que restituye el Fondo de Cooperación Municipal así como los criterios de reparto, en términos muy parecidos a los establecidos en 2012, cuando fue suprimido por el anterior Ejecutivo.
De esta forma, los 102 ayuntamientos de Cantabria se repartirán un fondo en 2016 de 15,2 millones de euros, con los que se contribuirá a su equilibrio económico, según ha explicado hoy el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, que ha sido el encargado de presentar a los miembros de la comisión el borrador de la norma, que tras obtener su informe favorable, comienza ahora su tramitación administrativa.
El objetivo, según ha dicho De la Sierra, es que en menos de un mes el Consejo de Gobierno apruebe definitivamente el decreto y que los ayuntamientos cuenten con el dinero antes de mayo.
El consejero de Presidencia, junto al director general de Administración Local, Pedro García Carmona, ha dado cuenta así de los acuerdos alcanzados hoy en la reunión de la Comisión de Administración Local, que también ha aprobado modificar su decreto de funcionamiento con el fin de dotarla de una mayor funcionalidad y se "convierta en un verdadero foto de debate" entre el Gobierno y los ayuntamientos de Cantabria.
Este órgano no se reunía desde el 19 de noviembre de 2012, cuando se aprobó la suspensión del fondo municipal y la puesta en marcha del Fondo de Liquidez, que destinaba tan solo 4,4 millones de euros y "unos criterios de reparto distintos", que dio lugar "a muchas protestas de los ayuntamientos", ha recordado el consejero.
Por eso, De la Sierra ha afirmado que los alcaldes presentes en la Comisión han mostrado su satisfacción por la recuperación de la cuantía del fondo y de los antiguos criterios de reparto. En el nuevo decreto, tan solo se hacen "pequeños ajustes" respecto a 2012, y se actualizan los criterios demográficos, como es el caso del Ayuntamiento de Piélagos, que se incorpora al grupo de municipios mayores de 20.000 habitantes, por lo que varía la asignación fija que recibía.
Ha explicado que los cambios "no son sustanciales", porque se mantienen los antiguos criterios de reparto, como era demandado por los ayuntamientos, pero la normativa obliga a informar a la Comisión sobre cualquier cambio en la materia. Por eso, también se ha aprobado por unanimidad habilitar al consejero competente en materia de administración local para efectuar aquellas modificaciones en el decreto relativas a modificaciones demográficas, sin necesidad de dar cuenta de ello a la comisión.
Nuevo decreto de funcionamiento
Por otro lado, la Comisión de Administración Local se ha mostrado favorable a modificar su decreto de funcionamiento, tal y como ha propuesto el Gobierno regional con el fin de actualizar la norma a las leyes vigentes y que sea un órgano "más funcional".
Según ha dicho De la Sierra, el Ejecutivo quiere que este órgano, en el que están representados los ayuntamientos, "informe de los anteproyectos de ley en la materia" y que sirva de "foro de encuentro y debate" sobre las políticas de administración local desarrolladas desde el Gobierno.
El compromiso, ha afirmado, es que la Comisión de Administración Local "funcione regularmente". De esta forma, el Gobierno regional comenzará ahora la elaboración de una nueva norma reguladora, que también será debatida en el seno de la Comisión, para su posterior aprobación por parte del Consejo de Gobierno.
Además del consejero de Presidencia, forman parte de la Comisión, el director general de Administración Local, junto a los directores de Obras Públicas y Medio Ambiente y los secretarios generales de Economía y Hacienda y de Presidencia y Justicia. Los ayuntamientos están representados por seis miembros designados por la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), entre ellos el vicepresidente segundo de la misma y alcalde de Valdeprado del Río, Jaime Soto. También forman parte de la misma funcionarios de la Consejería de Presidencia y Justicia.
